“Si bien celebramos la liberación también pedimos que se sancione a los responsables de la represión y se garantice desde el Estado Provincial y Nacional el derecho de los ciudadanos a expresarse”, indicaron.
“Entendemos que hechos como los ocurridos en Concordia deben hacernos reflexionar a todos acerca de la necesidad de que se garanticen plenamente los derechos políticos y se derogue de inmediato la ley antiterrorista puesto que una democracia en serio es aquella en que no se castiga la protesta social”, manifestaron desde el gremio.
En definitiva, “desde nuestra seccional, nos solidarizamos con los ciudadanos injustamente detenidos, con las asambleas ambientales y exigimos a los distintos poderes del gobierno que se derogue la ley antiterrorista y no se criminalice la protesta”.
Repudio
Por su parte, Rogel manifestó su preocupación y repudio al desalojo y detención de cuatro de los asambleístas que al costado de la Ruta 015, se manifestaban en contra del Fracking. Entre los detenidos se encontraba el dirigente Francisco Larocca.
"Esta claro que a un año y medio de la finalización del mandato, la situación social y económica del país, esta llevando al gobierno a endurecer las repuestas ante cualquier reclamo" aseguró Rogel.
Asimismo, manifestó que realizará un pedido de informes para conocer el accionar de la Gendarmería en este incidente.
En tanto, ATE pidió que se libere inmediatamente a los cuatro ambientalistas que fueron detenidos el domingo a la noche tras los violentos incidentes que se produjeron en la ruta nacional 15, cuando integrantes de distintas agrupaciones ecologistas detuvieron, sin cortar la ruta, el tránsito de cuatro camiones vibradores que se dirigían a Uruguay para realizar exploraciones para la práctica del fracking.
En este sentido, desde el sindicato se recordó la oposición que se expresó en su momento contra la denominada Ley antiterrorista que pretende regular la protesta social. Así, se resaltó el derecho de los ciudadanos a peticionar ante las autoridades y hacer oír sus reclamos sin temor a ser reprimidos.
Desde ATE se reclamó que los ambientalistas sean desvinculados de cualquier causa judicial, puesto que se manifestaron pacíficamente en defensa de un recurso esencial como es el agua. En este sentido, desde el sindicato se manifestó que cualquier iniciativa, más aún si se realiza en paz, debe tener una respuesta institucional acorde. La violencia, más todavía si proviene desde el Estado, no es el camino para resolver problemas de profundo contenido político.
Por último, desde ATE se instó a los organismos e instituciones estatales que corresponde que informen sobre los pormenores de la práctica del fracking, puesto que sus consecuencias sobre el Acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce más importante del mundo, aún no fueron consideradas en su real dimensión.
