Los niños migrantes –aunque regresen deportados a sus países- se han transformado en parias sociales, en out siders de sociedades que solo les ofrecen un “menú” de posibilidades lacerantes: la pobreza, la desigualdad, la participación en actividades ilícitas o la partida hacia el Norte. Entre otras posibilidades cabe indicar que esos niños y niñas se transforman en una promesa y posibilidad para sus familiares que quedan en los Estados de origen. El niño o niña puede ser el salvoconducto para el envió futuro de remesas, el ejemplo social de que alguien de la familia “pudo salvarse”. O tan solo, puede ser la demostración de que pudo sortear la violencia social y pandillera que obliga a los ciudadanos a migraciones internas. Por lo tanto, su deportación es percibida como un fracaso para todos aquellos familiares que colaboraron en su partida.
II
Nos preguntamos: ¿Quién o quiénes han transformado a este grupo humano en parias sociales? En principio, las rutinas y prácticas estatales y gubernamentales. Es decir, son el resultado de un conjunto de acuerdos que las élites políticas y económicas centroamericanas establecieron con otras de países centrales hace décadas y que se sostiene en la afirmación del libre mercado, la desregulación estatal y la lógica securitista. Por tanto, los “creadores” de ese contexto de desigualdad y pauperización que instituye a los parias sociales –ahora- deciden desterrarlos o no aceptarlos en el espacio de sus fronteras. De esta manera, los niños y niñas centroamericanos se encuentran ante un drama humano de proporciones.
III
Existe un destierro obligado para escapar de las penurias sociales y de la violencia pandillera –también, ejercida mayoritariamente por otros jóvenes-. Un exilio económico que afirma la situación de vulnerabilidad de estos pequeños migrantes. Pero la decisión de los Estados Unidos de sellar sus fronteras a esta situación, solo empuja a la producción de una situación trágica: migración económica y deportación masiva. Un circulo que ejercido al modo de un “escarmiento” para los países de origen afecta la condición de lo humano de esos niños y niñas.
Las comunidades estatales centroamericanas –con diversas intensidades- se encuentran, o bien en un proceso de disolución o de lentísima recuperación de sus instituciones o políticas integradoras. El freno o reducción de la pobreza –en algunos países- no ha obstaculizado el incremento de la desigualdad y de la desprotección social de niñas y niños, sino todo lo contrario. Por ejemplo, Guatemala es el país que menos invierte en la niñez, tan solo destina el 3.1% de su PBI. Mientras que Honduras, Costa Rica y Nicaragua invierten más del 6%. Pero pese a estas asimetrías, podemos indicar que los estados centroamericanos –como rasgo común- no protegen a sus niñas y niños y, por si fuera poco, los someten a una “desintegración social de alta intensidad”.
Entonces, ¿cómo debería denominarse la condición jurídica de aquellos que escapan de sus países para no morir de pobreza o de inseguridad? Estamos ante una nueva situación. ¿Estos niños deberán ser considerados “refugiados sociales”?
IV
La expulsión de niños y niñas –como parte de un flujo constante de de hombres y mujeres- está promovida por las escasas políticas de integración, la violencia social y una percepción empírica de que las instituciones estatales no pueden garantizar un bienestar futuro. Los estados guatemalteco, salvadoreño y hondureño no logran reconstruir una promesa de bienestar para niños y niñas. Es decir, la migración de niñas y niños es la mejor expresión que toda imaginación de un futuro mejor esta disuelta y en profunda crisis. Este nuevo sujeto migrante constituye una patente realidad política: son aquellos que fueron soslayados de las prioridades políticas.
V
La deportación y regreso a sus países de orígen solo puede amplificar la desigualdad y pobreza intrafamiliar, como la de niños y niñas (las cuales, se encuentran fuera del régimen escolar y sanitario). Es decir, es posible que se produzca una revictimización de estos sujetos migrantes, provocando nuevos daños. A su vez, esto coloca a los Estados ante la necesidad de repensar sus políticas para niñas y niños, fundamentalmente, si desean garantizarles sus derechos y que no culminen en manos de las pandillas, del trabajo esclavo, del abuso laboral, como de las “garras” de polleros y coyotes. Los estados centroamericanos tendrán que decidir si integran a estos grupos o si los reafirman en su condición de parias sociales o de out siders. Si este último es el camino propuesto por la dirigencia política, posiblemente observemos en el futuro mayores tragedias sociales.
