“Este proyecto es un rechazo a un salto de la criminalización de la protesta social por parte del Gobierno nacional y un sector de la oposición”, resumió el diputado Nicolás del Caño, en alusión a las propuestas impulsadas desde el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el Pro para regular estas manifestaciones.
Se trata de una iniciativa presentada por primera vez en 1999 y que, por pérdida de estado parlamentario, fue presentándose cada dos años. Recoge la lucha del Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia y propuestas de dirigentes que hoy militan en el oficialismo, como el diputado Jorge Rivas y la embajadora en Gran Bretaña, Alicia Castro.
Este año el proyecto de Linares contó con el apoyo de sus colegas del GEN Margarita Stolbizer y Fabián Peralta, así como de Nicolás del Caño, Néstor Pitrola, Pablo López (FIT), Facundo Moyano (Cultura, Educación y Trabajo), Claudio Lozano, Víctor de Gennaro (Unidad Popular), Ricardo Alfonsín (UCR), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Pablo Javkin (CC ARI), Alicia Ciciliani (PS), Victoria Donda (Libres del Sur) y de Oscar Anselmo Martínez (Movimiento Solidario Popular), aliado del oficialismo.
La legisladora bonaerense precisó que en los últimos 10 años hubo 5.000 procesados, imputados y condenados por participar de protestas sociales y destacó que el pedido de la presidenta Cristina Kirchner de regular los piquetes generó un “escenario interesante” para reactivar este proyecto de amnistía.
“Con las figuras en el modelo económico, el ajuste viene con represión”, evaluó Linares. En relación a esto, Néstor Pitrola (FIT) cruzó a los oficialistas que niegan que desde 2003 se haya terminado la política de represión a la protesta social. Recordó los ataques a la comunidad Qom, los asesinatos del maestro neuquino Carlos Fuentealba y del militante del PO Mariano Ferreyra, y la represión en el Parque Indoamericano y a los manifestantes contra la minería.
En este marco, los diputados cargaron contra los proyectos presentados desde el oficialismo por Juan Manuel Pedrini, Carlos Kunkel y Diana Conti, y desde el arco opositor por Darío Giustozzi (Frente Renovador), Federico Sturzenegger (Unión Pro) y el gobernador cordobés Juan Manuel De la Sota (PJ disidente).
“No hay democracia sin la posibilidad de protestar. La protesta tiene que ver con la visibilización de los problemas. La reducción de la política a un expediente jurídico -con el inocultable propósito de amedrentar a los actores sociales, acallar los reclamos populares, desarticular los movimientos sociales y deslegitimar la protesta- significa la derrota de la política como forma de organización social”, consideró Linares.
Mientras que el diputado y referente de la CTA, Víctor de Gennaro, aseguró que “hay represión porque hay avance popular”, en alusión al “ajuste” de la Casa Rosada y empresarios.
“El proyecto del FpV busca cercenar la protesta social por la devaluación y el crecimiento de la protesta que se debe a que los trabajadores no permite que se baje el salario y los despidan”, reflexionó Del Caño y desafió: “vamos a seguir en las calles por más que nos quieran criminalizar”.
Puntos principales del proyecto
La propuesta busca “garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización”.
En consiguiente, dispone la “extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo y finalidad de reivindicación social (…) a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión”.
Esto se extiende a todas las consecuencias penales y a las sanciones no penales, ya sean disciplinarias, administrativas o contravencionales. “Nadie podrá ser interrogado, investigado y/o citado a comparecer por imputaciones o sospechas de haber participado en los hechos que fueran objeto de la presente ley”, precisa el texto.
La iniciativa abarca a los cortes de vías de tránsito terrestre, naval o aéreo; a las movilizaciones por reclamos puntuales; a las ocupaciones de edificios públicos o privados, de espacios públicos, tierras o inmuebles desocupados; a la actividad de las asambleas populares; así como a los paros, huelgas, acampes, caravanas y “ollas populares”.
