En los considerandos, los ediles hicieron referencia a los múltiples pedidos de informes que han realizado en los últimos dos años sobre la prestación que hacen los transportistas de Paraná, con una concesión prorrogada durante 25 años y que no cumple con ninguno de los requisitos legales para garantizar su prestación.
Es así que tanto la cantidad de unidades en servicio, el estado de las mismas, su limpieza, sus frecuencias, su equipamiento para el uso de personas discapacitadas y sus recorridos vienen siendo cuestionados desde hace mucho tiempo y a pesar que el gobierno municipal dice haber intimado a los empresarios por estas irregularidades, ninguna de estas cosas se corrigen.
A pesar de todo esto, este gobierno viene otorgando sistemáticamente por vía de decreto los aumentos del boleto, sin realizar los estudios de costos y sin audiencias públicas como el caso amerita, mientras que las empresas prestatarias han percibido más de cien millones de pesos de subsidios, en los últimos dos años, por parte del gobierno nacional.
Ambos concejales concluyeron diciendo que los paranaenses no pueden seguir siendo rehenes de este servicio esencial para su vida diaria. El estado municipal es el responsable de corregir todas estas irregularidades y de plantarse frente a las presiones para aumentar las tarifas. No puede ser que frente a un servicio deficiente se sigan otorgando aumentos que terminan siendo pagados por los usuarios que el municipio debe defender.
