En el caso de La Serenísima, la firma propiedad de la familia Mastellone, lanzó a la venta «nuevos productos» con el supuesto agregado de vitaminas que encarecieron el precio acordado con el gobierno entre un 20 y un 22 por ciento.
A la conocida marca de chocolatada Cindor por ejemplo, le alcanzó con agregarle al recipiente la palabra «fortificada» e invertir en una mejor ubicación en las góndolas para aumentar al precio acordado un 130 por ciento.
Por su parte, la competencia de La Serenísima, la santafesina Sancor, al poco tiempo de acordar el precio de la leche descremada, decidió lanzar al mercado la leche “parcialmente” descremada, con un envase casi idéntico pero un 16% más cara.
Otro de los productos identificados sobre los cuales se aplicó el engaño a los consumidores fue la lavandina Ayudín, ya que mientras se acordó un precio para su versión “tradicional”, la empresa sacó rápidamente la lavandina «máxima pureza”, con un aumento del 81% respecto de la lavandina del acuerdo, y su variante “ultra” con un 185 por ciento de aumento respecto de la “tradicional”
La empresa Rosamonte acordó mantener el precio de su yerba mate con palo, y cumplió. Pero, al poco tiempo lanzó la yerba mate con palo “plus”. Con idéntico envase al de la yerba mate acordada, este nuevo producto tiene un aumento del 109 por ciento.
Según informaron voceros del Ministerio de Economía “hay un elemento fundamental para que estos acuerdos sean un éxito: la buena fe y el compromiso de los empresarios”. Pero estas «prácticas desleales» apuntan a engañar a los consumidores y a sacar mayor rentabilidad. Para evitar estas estrategias del engaño durante el próximo acuerdo de precios el ministerio de Economía encarará una «política integral de administración de precios» para impedir que las firmas efectúen «avivadas» que disparen los precios de productos similares sin fundamento económico real.
Las fuentes del ministerio de Economía advirtieron que a las empresas que incumplan los acuerdos o realicen «avivadas», del estilo de remarcar productos similares con cifras exorbitantes, se les aplicarán las «distintas figuras legales disponibles tendientes a corregir esos desvíos».
Algunas de esas alternativas son “la denuncia por abuso de posición dominante”, la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, la fiscalización a través de la AFIP para detectar irregularidades en los precios y los balances de las compañías, entre otras alternativas.
