El presidente del Colegio de Abogados de Concordia, Arturo Mc Loughlin, recordó que hubo varios proyectos que reclamaban el Juzgado presentados desde la década del 70 en el Congreso de la Nación que no prosperaron. Algunos llegaron a obtener media sanción pero luego no eran ratificados por la otra Cámara y perdían vigencia legislativa. Esto se terminó en 2010 cuando tanto diputados como senadores votaron la creación del Juzgado Federal en Concordia.
No obstante, dijo que no había “ninguna certeza ni indicio lejano de que se vaya a poner en funcionamiento”. En ese sentido, indicó que hay muchos juzgados federales creados en el país, algunos con antelación a Concordia. “Algunos en localidades donde vale la pena preguntarse que sentido tiene tener un juzgado federal allí”, señaló.
“Es una largamente postergada necesidad y cada vez se va a sentir con mayor apremio o urgencia”, argumentó. Entre los temas en los que debe intervenir citó las cuestiones aduaneras, tributarias, narcotráfico, etc. Además mencionó los conflictos entre gremios por la afiliación de los trabajadores y la situación de los medios de comunicación audiovisuales. “Si mañana la AFSCA le retira la habilitación para funcionar a una radio FM de Concordia, tiene que ir a cuestionar a Concepción del Uruguay”, indicó.
El representante del foro local explicó que es importante obtener una primera definición de la Justicia Federal en Concordia a sabiendas de que las instancias posteriores (Cámara Federal de Apelaciones y la Corte Suprema) están en otras ciudades como Paraná y Buenos Aires.
Cuando un ciudadano concordiense, por cualquier causa, debe recurrir a la Justicia Federal, todo se hace “más mediato” y “menos previsible”. Ahora todo tiene su jurisdicción afuera. “Acá tenemos que ir a Uruguay con el consiguiente mayor costo y actividad parasitaria que conlleva”, señaló.
“Estadísticamente está demostrado que es mayor el número de causas que se resuelven en Uruguay provenientes de la jurisdicción de Concordia que en el propio departamento de Concepción”, sostuvo Mc Loughlin.
Luego de que el Colegio de Abogados sacase una solicitada manifestando el descontento por la “ausencia de datos ciertos o siquiera indicios que exista voluntad política de poner en funcionamiento” el Juzgado, hizo declaraciones el senador provincial Enrique Cresto. En septiembre pasado el legislador cursó una nota al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados nacional, Roberto Feletti, para que arbitre los medios necesarios para que la ley de Presupuesto 2014 “por fin ponga en marcha lo que manda la ley 26638, del 29 de Septiembre de 2010 .El artículo uno de la misma crea el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Concordia”.
Mc Loughlin dijo que no negaba que Cresto se haya ocupado del tema. “Lo que me preocupa a mí es la falta de compromiso de la sociedad con algo que sería de tanta importancia para los intereses de la región”, manifestó. “No digo que hay que salir a quemar gomas a la calle. Pero quizás los demás pueden no compartir esta visión y quizás sea más prioritario perseguir a los vendedores ambulantes. Si es así, estaremos equivocados”.
Narcomenudeo
Justamente Cresto promueve un proyecto de ley que propone atacar la venta de droga en baja escala, denominada vulgarmente “narcomenudeo”. Dijo días pasados que estaba preocupado por la proliferación de puestos de ventas de droga, que se nota muchísimo en las grandes ciudades. “No tenemos quizá una estadística concreta, pero hay un clamor de la ciudadanía que muestra preocupación por esas situaciones y se nos expresa en forma permanente”, graficó.
“La venta de droga a baja escala es un tema discutido por muchos sectores desde que el presidente Kirchner impulsó la ley 26052, con una clara idea de luchar contra el narcotráfico, con una visión muy realista del tema, dándole participación y responsabilidad a las provincias”, indicó. El legislador afirmó que “el tema droga está vinculado con la salud, con los jóvenes, y esto es competencia provincial, por eso nos debemos ocupar”, agregó. Recordó que cuando se aprobó la adhesión hubo argumentos de la Justicia y el Estado entrerriano que llevaron a dejar suspendida la aplicación de la ley 9783.
Cresto argumentó que frente al narcomenudeo la policía hoy “tiene las manos atadas”, puesto que cuando aparece droga en algún procedimiento o hay un conocimiento real de que se está vendiendo droga se informa de la situación al juez y al fiscal de turno para pedir una orden de allanamiento pero desde la justicia ordinaria no se la pueden librar porque tienen que dar intervención al Juzgado Federal que no está en Concordia. “Cuando la orden llega, si es que llega, el vendedor ya está fuera del alcance de la policía y pudo deshacerse de la prueba. Por eso lo que planteamos es ‘desfederalizar’ el delito del narcotráfico en el territorio de la Provincia, para que la policía pueda actuar en conjunto con la justicia local y los procedimientos sean más rápidos y efectivos”, explicó.
Reducción a la servidumbre
En tres oportunidades este año, la delegación del Ministerio de Trabajo encontraron cosecheros alojados en malas condiciones. La primera fue en dos galpones ubicados en calle República del Brasil, hecho dado a conocer por DIARIOJUNIO. “Fue la menos mala de las malas. Si bien es cierto que las condiciones no eran las mejores, los trabajadores no se quejaban de la comida. Es más, era el único lugar donde encontramos una cocina precaria, pero cocina al fin”, indicó Guillermo Peñalver, coordinador del ministerio.
En cambio, en el comedor de la zona sur y en un albergue de rutas 4 y autovía 4 efectuaron denuncias porque entendían que se estaba ante la presencia de la comisión del delito de reducción a la servidumbre.
En uno de los lugares, un albergue de 50 m² de superficie donde debían vivir 50 personas (1 persona por m²), estaba ubicado en un predio situado en la ochava suroeste de la intersección de ruta 4 y autovía 14. Algunos trabajadores dormían en el suelo debido a que los colchones no alcanzaban. “No tenían techo, puertas, divisiones, la cantidad de colchones no alcanzaban, la comida era desastrosa, hasta el delegado Guattini ha probado y era vomitiva. La principal queja era la habitabilidad y la comida”, señaló Peñalver.
Esa denuncia fue recepcionada por el fiscal Darío Mautone. Peñalber destacó que tomó varias medidas como relevar a los trabajadores, filmó el lugar y constató las fotos que enviaron desde Trabajo. Luego se declaró incompetente y pasó el expediente al Juzgado Federal.
La otra denuncia, la del comedor a cargo de Alejandro “Pato” Ferreyra, un puntero de la zona sur, donde no había techos ni baño que también denunció DIARIOJUNIO en principio, fue elevada desde el Ministerio al Juzgado Federal de Uruguay. “Recién vino a los 15 días la orden de allanamiento cuando los trabajadores ya no se encontraban en el lugar, se habían mudado”, indicó. Los cosecheros habían sido trasladados hacia un local bailable.
La lentitud del Juzgado también se observó con anterioridad, en mayo pasado, cuando Peñalver recordó que una denuncia por “reducción a la servidumbre” realizada a mediados de 2012 contra el propietario de un campo ubicado cerca de la intersección de la autovía 14 y ruta provincial 4 por tener a un empleado viviendo en una “tapera” estaba paralizada. “Esta era una actividad ganadera. Un trabajador estaba viviendo en condiciones infrahumanas y hasta donde yo tenía entendido no habían ubicado al trabajador. Había ordenado a Prefectura Naval que lo identifique y no lo identificó y teníamos información que todos los familiares vivían en Colonia Roca. La verdad es que desconozco como no ubicaron a ese trabajador”, manifestó.
“Queremos erradicar ese tipo de conductas de algunos contratistas”, señaló Peñalver. No obstante, indicó que la distancia con Concepción del Uruguay dificulta el trabajo. “El acercamiento de la Justicia Federal al ciudadano de Concordia serviría para mejorar el servicio de Justicia teniendo en cuenta la distancia que nos separa no son las mejores. No hay que dejar de tener en cuenta el cúmulo de causas que se tramitan en Concepción del Uruguay”, manifestó.
“Habría inmediatez, el juez estaría en contacto directo con los ciudadanos. Lo que en el Derecho Procesal se llama la inmediatez entre unos y otros”, acotó por último el coordinador.
