La Defensoría del Pueblo de la Nación –actualmente a cargo de Sella- es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actúa con plena autonomía funcional y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Según el Artículo 86° de la Constitución nacional, el Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal, es decir, está facultado para presentarse en sede judicial y es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras.
La figura del Defensor fue incorporada a la Constitución Nacional con la reforma de 1994. Tiene como misión encargarse de la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y encargarse del control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
Dentro de la Defensoría del Pueblo de la Nación funciona un área de Ambiente y Desarrollo Sustentable que tiene como objetivo la protección de los derechos establecidos en el Artículo 41° de la Constitución Nacional, relativos al derecho a vivir en un ambiente sano y la obligación de preservarlo, y en el cual las actividades humanas promuevan el desarrollo sustentable, contemplando la equidad social y a las generaciones futuras.
