De la misma forma, “lo ampara ante peticiones exorbitantes, que incluso exceden lo realmente pretendido por el propio trabajador, haciendo solidariamente responsable de las mismas a los patrocinantes de aquellos que no guarden la debida prudencia o moderación en la defensa de sus derechos”, explica la autora de la iniciativa Rosario Romero.
En definitiva, el proyecto pide incorporar como artículo 60 Bis de la Ley 9755, modificada por la Ley 9811: “El trabajador o sus derecho-habientes gozarán del beneficio de la gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de esta ley, estatutos especiales o convenciones colectivas de trabajo. Su vivienda no podrá ser afectada al pago de costas en caso alguno. En cuanto de los antecedentes del proceso resultase pluspetición inexcusable, las costas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante”.
