La Asamblea repudió enérgicamente tanto el acuerdo YPF-Chevron como el decreto 929/13, ya que “profundizan el saqueo y la contaminación por parte de empresas extranjeras”. Y añadieron que Chevron “utiliza el método del fracking y propicia una matriz energética dependiente, propuestas a las que esta Asamblea enfrenta con el impulso a las energías alternativas”.
En ese sentido, la Asamblea sostuvo que no puede dejar de posicionarse ante el “acuerdo secreto” entre YPF y Chevron, como tampoco frente al decreto 929/13, denominado “Soberanía hidrocarburífera. Crease el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”.
“El decreto presidencial 929/13, publicado el 15 de julio de 2013, expresa una nueva entrega de los patrimonios comunes a las empresas multinacionales. En el mismo, se alienta a la inversión de la actividad hidrocarburífera mediante subsidios que promocionan y benefician la exportación (art. 6 del decreto), no alentando la soberanía energética. La actividad petrolera es una de las que más renta obtiene. Por ende, los subsidios tienen como finalidad atraer la inversión de grandes capitales extranjeros, que no necesitan de los mismos para poder realizar sus actividades”, se señala en uno de los párrafos.
“Un día después de la firma del decreto, se publicita un acuerdo con la estadounidense Chevron, que como último antecedente registra ser prófuga de la Justicia ecuatoriana. Chevron, que ingresó a Ecuador durante la dictadura, tiene un embargo de 19.000 millones de dólares por contaminar la amazonia ecuatoriana, perjudicando a campesinos e indígenas. Este juicio, que condenó el mayor caso de contaminación de América Latina, fue repudiado por Rafael Correa, presidente de Ecuador, que instó a los países latinoamericanos a cerrarle las puertas a Chevron”, dice por último la nota.
