«Hemos acompañado todo este proceso, pero la paciencia también tiene sus límites, hace dos meses que deberíamos estar trabajando para que nuestros gobiernos definan la forma en que se hará el dragado, hubo un compromiso ante los embajadores y nos comprometimos todos, pero resulta que todavía no se ha terminado el proyecto de consultoría que debería haber estado listo en mayo, es tiempo de tomar definiciones y entender lo que está pidiendo toda la región», señaló el presidente del Comité e intendente de Concepción del Uruguay, Carlos Schepens.
Por su parte el ministro de Planificación de la Provincia, Juan Javier García, y el presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, Carlos María Scelzi, remarcaron lo que significa la reactivación portuaria para cada una de las ciudades en materia laboral y económica.
García señaló que «el gobernador Urribarri se puso al frente de la reactivación de los puertos entrerrianos y de la creación de este Comité para fortalecer la integración y el desarrollo, es un camino que continúa a paso firme y con resultados en cada una de las terminales portuarias que siguen sumando buques y carga entrerriana para la exportación”.
El presidente del IPPER, Carlos María Scelzi, destacó por su parte que «en este preciso momento hay un buque cargando en el puerto de C. del Uruguay, cientos de personas trabajando, familias completas con la tranquilidad de saber que tienen un sustento, esas son las ventajas de las que hablamos cuando nos referimos a efectos directos y resultados concretos».
Reclamo a la CARU
El reclamo estuvo dirigido a la Comisión Administradora del Río Uruguay, con el acompañamiento de entidades sociales uruguayas y argentinas.
Los trabajadores portuarios de esa ciudad y la región, unieron su reclamo con una delegación del sector agremiado al PIT CNT uruguayo, y presentaron un documento conjunto donde instan a acelerar los pasos hacia una pronta reactivación portuaria en ambas márgenes.
La CARU debería haber entregado en el mes de mayo el proyecto de consultoría necesario para que los gobiernos de ambos países llamen a licitación la obra de dragado del río Uruguay a 25 pies de profundidad, y por diferencias entre las delegaciones de ambos países, la aprobación del proyecto se demoró.
