Cuando cambian las reglas de juego en una economía, cambian las responsabilidades de los actores y en ese contexto, el Estado como agente interviniente, es responsable de que la oferta y la demanda no se desencajen, eso justifica suficientemente la actitud del gobierno de participar en acciones que corrijan los desvíos en variables macroeconómicas y una de esas variables es el precio de transacción de los productos en un mercado.
El Estado es responsable para que cada componente de la sociedad (verdadero sujeto económico del Estado) pueda realizarse plenamente de manera individual y colectiva, por lo tanto el Estado debe intervenir en los precios y el camino elegido es “la concertación con vigilancia del Estado”, es dentro de las distintas maneras de intervenir, la que históricamente ha dado mejores resultados en la historias de los pueblos.
No solo hay que hablar entonces de la intervención del Estado en los precios sino que debe ir más allá para no dejar incompleto el instrumento, es decir ir directamente al origen de los mismos, “el control de costos”. ¿Por qué?, porque se estaría insistiendo sobre las consecuencias en lugar de ir a las causas.
La presidente ha manifestado (ante las innumerables argumentaciones que se han dado en este tema fundamentalmente por economistas ortodoxos, políticos opositores y periodistas especializados que sirven al establishment), que existe una gran deformación y propagación en los precios y propuso el debate sobre su formación.
Pero por supuesto, nadie dijo nada, porque los que hoy combaten el control de precios, son los grupos económicos beneficiados por el modelo expansivo de la economía que ante la política de este gobierno de inyectar más dinero destinado al consumo, vía creación puesto de trabajo, Asignación Universal por Hijo a desocupados y trabajadores informales, aumentos de haberes jubilatorios, inclusión de jubilados al sistema, contestan con un aumento generalizado de precios, que en realidad, es una transferencia de dinero de estos sectores de ingresos fijos a los bienes y servicios que ellos producen concentradamente.
En nuestra provincia, el gobernador Sergio Urribarri, cuando puso en funcionamiento el Plan “Mirar para cuidar”, reflejo algunos datos que muestran claramente lo que inyectó demanda al consumo este modelo en la provincia. En cinco grandes conglomerados de expendios de alimentos (formadores de precios) en el año 2011, se facturó el equivalente del 25% del presupuesto provincial, tal como lo indica el informe del día de hoy DIARIOJUNIO.
Además, estas mismas franquicias, que son verdaderos poooles de siembra de la ciudad, ayer el gobierno clausuró durante cinco horas cuatro de estos hipermercados de distintas zonas de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal “al detectarse desabastecimiento de algunos de los 500 productos que se habían comprometido a comercializar ante el gobierno nacional”.
Millones de argentinos saben que no hay que dejar solo al gobierno en esta lucha por los intereses de todos, que en este caso son que las reglas del juego no se alteren, prácticamente es que se defienda las relaciones entre precios-insumos y así los factores económicos clásicos (trabajo, tierra, capital) se mantengan estables para provocar el sostenimiento del sistema.
Siempre aflora en todos estos conceptos, la idea del precio justo (precio que retribuya de manera equitativa a los distintos factores económicos), por eso se debe entender que es una encrucijada compleja esto de controlar los costos, pero a la vez necesaria, para mantener los equilibrios de una economía donde muchos están agazapados esperando el tropiezo del gobierno para tomar el control de la economía como lo han tenido en otros tiempos.
