Luego que el abogado defensor Ivan Dri había solicitado prisión domiciliaria teniendo en cuenta lo que se conoce como “alarma social”, la jueza de apelaciones Gallo rechazó la pretensión, avalando así la determinación del juez Funes Palacios.
En el escrito Gallo dice que el juez de Garantía hizo un trabajo minucioso y una investigación exhaustiva y que considera que la supuesta colaboración de Marsicano no fue tal y la calificó como “una colaboración ambigua”, en el sentido de haber intentado obstaculizar la causa.
En virtud de esto, plantea que es correcta la determinación del juez de garantía en cuanto a la existencia de riesgos procesales.
El otro tema que se analizó es del “arraigo” de Marsicano. Aunque coincidió con esa interpretación dijo que, si bien es cierto que tiene arraigo también cuenta con suficiente capacidad económica como para clandestinizarse. Asimismo le aclaró al abogado que la prisión no se dictó por la “alarma social”, sino por la existencia de riesgos procesales.
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