Además, desde la Central se destacó que la coyuntura exhibe movimientos y acciones que nada tienen de espontáneo o producto del correcto devenir de la pugna política por carriles institucionales, sino que obedecen a una reacción de la derecha continental para detener –de cualquier modo– el avance de gobiernos nacionales que dieron vuelta la ecuación política que rigió en los ’80 y ’90 y pusieron el Estado al servicio de las mayorías históricamente marginadas de la vida política y económica de muchos países latinoamericanos.
La CTA Entre Ríos consideró que la construcción de la vida en democracia no se agota con la participación en un acto eleccionario cada dos años, sino que es precisamente un proceso de construcción diario que ofrece a los ciudadanos múltiples caminos a transitar.
Prueba de ello son las incontables agrupaciones que aglutinan a jóvenes, tanto por izquierda como por derecha; las organizaciones intermedias que decidieron recorrer la transición de una lucha signada por lo social y testimonial durante de dictadura neoliberal, hacia la pugna política en una época caracterizada por la revalorización del debate político y de la Política como herramienta de transformación de la realidad; el preponderante rol que tiene la opinión pública, sucedáneo de la participación política de ciudadanos que por respetables motivos personales no asumen un compromiso activo en aquellos espacios, que encuentra en los medios de comunicación masivos los diferentes discursos para asumir y fundamentar la posición que cada uno elija responsablemente; la actividad sindical que se expresa en conducciones que, ya sea por intereses personales o sectoriales ajenos a los de los trabajadores o por la profunda convicción del rol histórico de la clase trabajadora en los destinos del país, no cesa de reclamar por mejores salarios y condiciones laborales acordes con la legislación vigente; entre otras vías a transitar, entre las que se destacan el accionar de ONGs que llaman abiertamente a presionar a los legisladores, extorsionándolos para torcer su voluntad a la hora de votar las reformas puestas en debate.
La naturalización de relaciones sociales, a las que se despoja de su anclaje en las distintas tradiciones que conforman el entramado político del país, constituye un hecho político que niega a la Política como eje vertebrador de cualquier proyecto de Nación. Aquellas relaciones son hoy puestas en revisión mediante distintos procesos que respetan carriles democráticos e institucionales.
Los proyectos de democratización del Poder Judicial van en este camino y por eso desde la CTA los apoyamos. Consideramos necesario e imprescindible que el servicio de justicia, que es responsabilidad del Estado republicano, llegue en igualad de condiciones a todos los ciudadanos sin distinción de clase u origen étnico. Actualmente esto no es así. Las corporaciones han colonizado a uno de los poderes del Estado y vivimos, de hecho, bajo una dictadura judicial que discrimina desembozadamente entre ciudadanos de primera, segunda y tercera.
Por todo lo sostenido, apoyamos aquellos procesos que convocan a un debate serio y profundo a las distintas fuerzas que integran el arco político y social del país y rechazamos cualquier medida que atente contra el legítimo accionar de las instituciones democráticas, ya sea que la convocatoria provenga desde partidos políticos y sus representantes o desde ONGs, los que negando a la Política como herramienta de transformación de la realidad en favor de las mayorías populares hacen “anti política” a favor de minorías que aún conservan privilegios inaceptables en los albores del siglo XXI y mientras se desarrolla la crisis sistémica más importante que ha sufrido el capitalismo en sus más de 500 años de historia.
