DICE BONELLI TEXTUAL
Ante las declaraciones del titular del Copnaf Concordia, Fernando Rouger, de querer incriminar penalmente a la madre cuyo hijo murió en un accidente de tránsito, por llevarlo en moto sin casco, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos calificaron como «aberrantes las declaraciones del funcionario».
Rouger dijo en declaraciones periodísticas que pedirá que se inicie un juicio penal a la madre que transitaba en moto en el barrio Nébel con su hijo menor, y que en un accidente con otra moto, perdió la vida el niño. «Este caso podría definirse como homicidio simple, porque hay dolo eventual», dijo el responsable local del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia.
En este sentido, el Delegado Regional de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Rubén Bonelli rechazó de plano tal intención, y la calificó como «un intento más de criminalizar la pobreza».
«Como buen discípulo de Cresto, a Rouger sólo le interesa vigilar y castigar a los pobres, disciplinar la pobreza», enfatizó Bonelli. «No se puede culpar a la madre, que está inmersa en un profundo dolor, inimaginable, con una acusación penal. Es aberrante lo de este funcionario».
«Desde la comodidad del escritorio, Rouger quiere castigar y criminalizar la pobreza», dijo el delegado regional de Derechos Humanos.
«Hay un problema estructural, que no se resuelve condenando a los de menores recursos o a los que tienen menos posibilidades», dijo Bonelli, y analizó: «en Concordia tenemos un gran problema con el tránsito y su solución requiere que pensemos alternativas integrales», dijo, «no sólo en la judicialización de la pobreza».
En este sentido sostuvo que «hay que pensar y poner en práctica alternativas para descomprimir el problema del tránsito. Convocar a un Consejo de Seguridad Vial en el que participen todos los actores, el transporte, la policía, el Consejo General de Educación, para implementar medidas integrales, de formación y capacitación, de concientización. Enseñar y dar a conocer las leyes sobre educación vial» y posibilitar «un acceso a alternativas de transporte» a los sectores con menores recursos.
Así, para Bonelli, «el transporte escolar debería ser gratuito. Los chicos en edad escolar deben viajar gratis en colectivo», sostuvo. «No es la única medida, pero si pensamos en una política integral, debemos recuperar el sentido social del transporte público, que es un servicio».
«Después de haber adoptado una política integral en materia vial, donde el Estado sea un partícipe activo en políticas de organización, capacitación, difusión y puesta en práctica de soluciones integrales; después de ello», recalcó Bonelli, «ahí sí, se debería sancionar al que no cumple la ley». Pero, finalizó, «no antes, no cuando el Estado se ha desentendido o ha sido un gran ausente de este grave problema».
