El remate es una posibilidad. “Obviamente que queremos darles todas las posibilidades, dentro de lo razonable, para que la persona pueda regularizar su situación”, indicó. Moix aseguró que los infractores pueden abonar en cuotas la deuda que posean para recuperar el vehículo. La mínima vale $ 224 y de ahí para arriba.
Una multa por no llevar casco cuesta $ 1080. Con menos de la mitad de ese monto, un infractor paga la primera cuota para retirar otro vehículo similar de un concesionario. Por ende, la primera moto queda guardada indefinidamente en el galpón municipal. “Si el titular no la quiere retirar, prácticamente eso queda abandonado; no tenemos otra opción”, indicó.
Si bien hace un año que están dialogando acerca de las opciones, en el municipio siguen de cerca un proyecto que se está tratando en la Legislatura. En la última sesión de la Cámara de Senadores del año pasado se dio media sanción a un proyecto por el que se propone regular el destino de motos y autos, secuestrados a causa de infracciones ó abandonados en la vía pública que hayan sido depositados en corralones de municipios para su “remate, desguace o compactación”. “Estamos viendo la posibilidad, si se adecua a la situación nuestra, de que la municipalidad pueda adherirse”, dijo.
El juez de faltas dijo muchas de las infracciones se labran por carecer de carnet de conducir. Por lo tanto, dudan de la capacidad del conductor de poder manejar en la vía pública debido a que no realizó ningún examen que acredite su pericia. En esos casos, el Juzgado les ofrece la posibilidad de abonar el 20 % de la multa, condonando el saldo si en 30 días traen la licencia. La multa también cuesta $ 1080 y el 20 % es $ 224. Pagando ese porcentaje, el infractor se ahorra $ 776.
“La gente no conoce esta opción. Esta acción es un aporte concreto al mejoramiento del tránsito. Más que la parte recaudatoria, nos interesa que una persona que anda en la calle ha superado un examen de aptitud como para conducirse”, remarcó.
De cualquier forma, cualquier acción que el municipio realice tiene que ser ejecutada tras la intimación al titular de la moto para que intente recuperarla. “No queremos tomar de sorpresa a nadie”, indicó Moix. Esta mañana, en la municipalidad una versión que circulaba por los pasillos daba cuenta de una protesta que se realizaría mañana en la plaza 25 de Mayo de parte de particulares que tienen motos retenidas ante la inminencia de la salida a remate de los vehículos. No obstante, todas las fuentes del Concejo y del Ejecutivo consultadas por DIARIOJUNIO negaron que se tenga previsto tomar esa medida la semana que viene.
En octubre del año pasado, el concejal Alberto Armanazqui (PJ) presentó un proyecto de ordenanza que habilita al Ejecutivo a destruir, desguazar o vender fuera del ámbito local a las motos que estén en condiciones legales de hacerlo. “Si las sacamos a remate en el ámbito local, las motos volverían al mercado a un valor mucho más accesible”, explicaba en ese momento el edil. Los fondos recaudados irían a una cuenta especial de Bomberos Voluntarios para la adquisición de una escalera mecánica.
