En el marco del concurso preventivo de acreedores pedido el 11 de octubre de 2012 por Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, el síndico Horacio Larrivey debía presentar este viernes un informe general donde exprese las causas del desequilibrio económico de la empresa, lo que realmente cuenta como activo y pasivo de la empresa, la situación de los socios respecto de la compañía y si son pasibles de una denuncia penal, entre otros puntos. Sin embargo, se extendió el plazo y en unos 15 días hábiles más el síndico presentaría su trabajo, unos cinco días después de la resolución final del juez (suplente) en lo Civil y Comercial Nº 3 local, Leonardo Portella.
De la información que puede constatarse en el expediente (que es público), la empresa de los Senor y Scravaglieri mantiene deudas –hasta octubre de 2012- por una suma superior a los diez millones de pesos en total, más de siete de los cuales al Estado. En efecto, el Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) reclama 6.052.707 pesos, parte de ese dinero otorgado mientras los Senor y Scravaglieri eran denunciados por librar cheques sin respaldo.
Así como no honraba sus deudas con particulares (incluso sus empleados se presentaron como acreedores por sueldos impagos), Grandes Máquinas tampoco cumplía con el fisco, ya que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le pide 778 mil pesos y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) hace lo propio por 250 mil.
Además, como había informado en su momento El Miércoles Digital, la sociedad de la cosetrucha tampoco ha pagado el alquiler del galpón, que debía cobrarle el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (Eapcu) y por el que le solicita 56 mil pesos no abonados. Paralelamente, desde el ente siguen “negociando” una salida para que Grandes Máquinas pueda seguir “funcionando” donde está instalada la fantasmal planta.
Es importante diferenciar que la SA no está en quiebra, sino en concurso pedido por los Senor y Scravaglieri. Este es un instrumento que se utiliza habitualmente para salvar a una empresa y mientras poder seguir operando. De esta manera, ‘parten’ las deudas entre las pasadas y las futuras. Así, mientras se espera el avance de la causa y el informe final de Larrivey, tras lo que los ‘empresarios’ negocian cómo, cuánto y cuándo saldar los montos reclamados por los acreedores hasta octubre de 2012, pueden seguir generando nuevas deudas con la excusa de seguir operando, pese a que los funcionarios judiciales han constatado que en la planta no hay maquinarias ni se observa mayor actividad que les permita probar que pueden afrontar las deudas y no llegar a la quiebra, momento en que perderán la administración de la firma.
Por otro lado, el camino también parece ir cerrándose para los empresarios en Paraná, donde en los próximos días, la fiscal Sandra Terreno formularía el requerimiento de instrucción formal de la causa en la que se investiga una posible comisión del delito de defraudación a la administración pública por el desvío de créditos otorgados para la construcción de máquinas cosechadoras en la planta ubicada en el puerto de Concepción del Uruguay, a raíz de la serie de notas de El Miércoles Digital.
También paralelamente, tras el embargo de todos los bienes encontrados en la planta en el puerto, en Córdoba está en marcha el juicio por el libramiento de cheques sin fondo que le promoviera Daniel Huarte, quien fabricó las partes de la carrocería de la cosetrucha, las que le fueron retribuidas con los documentos sin respaldo.
Así, se va definiendo el final de toda la historia, ahora que se ha enfriado un poco todo el escándalo que llegó a niveles internacionales, tras la serie de notas de este medio que replicaron distintos medios en todo el país e incluso la televisión porteña, donde se magnificó el vergonzoso caso.
Lo cierto es que durante su existencia, la empresa recibió un singular apoyo del gobierno provincial y suculentos créditos otorgados por el Estado entrerriano, libró cheques sin fondo -lo que le provocó un problema incluso a la presidente Cristina Fernández de Kirchner-, fabricó un solo prototipo Maag Mitos (al que se subió la mandataria) que no anduvo, que fue llevado en misión comercial a Angola, donde luego quedó abandonado. Después vino el embargo, el pedido de concurso de acreedores y el intento de responsabilizar a una “campaña mediática” que nunca se concretara la fábrica de cosechadoras.
En tanto, el gobierno encabezado por Sergio Urribarri –que le otorgó los millonarios créditos- sigue sin contestar los pedidos de informe respecto de Grandes Máquinas que le hicieran –por separado- el Partido Socialista (PS) y el GEN en la Cámara de Diputados de la provincia (esta última fuerza presentó incluso en el Congreso de la Nación una solicitud similar), ni hay noticias en el Concejo Deliberante uruguayense sobre la solicitud hacia la gestión scelzista encabezada por el intendente Carlos Schepens sobre qué beneficios económicos se le han otorgado a Senor, todos pedidos disparados por los artículos publicados por El Miércoles Digital.
