El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en Reunión de Acuerdo General Nº 36/12, del pasado 27 de noviembre de 2012, aprobó las propuestas efectuadas por la Comisión de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en relación a la III Etapa de la puesta en marcha del nuevo sistema penal acusatorio para la jurisdicción de Gualeguaychú.
Dicha comisión está integrada por los miembros de la Sala 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ;. Claudia M. Mizawak, Presidenta de la Sala; y los Sres. Vocales Carlos Chiara Díaz y Daniel Omar Carubia; por el Procurador General del Poder Judicial de la Provincia Jorge Amílcar Luciano García; y por el Defensor General del Poder Judicial de la Provincia Maximiliano Benítez.
De esta forma se fijó este día como fecha de inicio de actividades de los nuevos organismos con asiento en Gualeguaychú, Gualeguay y Nogoyá, y competencia territorial en dichas jurisdicciones. En relación a Victoria se determinó su puesta en marcha para el 31 de marzo venidero.
La ceremonia, que será encabezada por Leonor Pañeda, Presidenta del STJ, se realizará hoy martes a partir de las 11 hs., en el Salón del Instituto Magnasco, sito en calle Camila Nievas Nº 78 de la ciudad de Gualeguaychú, y contará con la presencia de los Sres. Vocales del Alto Cuerpo, del Procurador General y del Defensor General del Poder Judicial de la Provincia.
Durante la misma se llevará a cabo el Acto de Juramento y puesta en posesión del cargo de los Magistrados y Funcionarios designados.
De esta forma se avanza en el proceso de implementación del Nuevo Código Procesal Penal, dando cumplimiento a la Ley Provincial Nº 9754, con el objetivo de completar dicho proceso durante el corriente año en la totalidad de las jurisdicciones de la provincia. El Nuevo Código ya se encuentra implementado en las Jurisdicciones de Concordia y Concepción del Uruguay.
La separación de las funciones de acusar y juzgar, esencia del sistema acusatorio, establece claramente los roles de cada uno, con reglas procesales claras, primacía del principio de imparcialidad y protección de las garantías constitucionales tanto para el acusado como para la víctima.
Uno de los resultados observados es la marcada reducción de los plazos en los procesos penales: de un promedio general de tres años, entre el hecho y el juicio, a un año promedio en el 80% de los casos.
El camino recorrido hasta el presente y la eficacia lograda ubican a Entre Ríos como una provincia modelo en materia de reforma procesal penal.
