El proceso en el que se investiga el supuesto pago de sobornos para votar la Ley de Flexibilización Laboral en 2000, continuará hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3. Entre los acusados, entre otros, se encuentran el expresidente Fernando de la Rúa, el extitular de la SIDE Fernando de Santibañes, el entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique, y el arrepentido Mario Pontaquarto. Sin embargo, la atención de los entrerrianos está puesta en el exsenador justicialista Augusto Alasino, procesado en la causa porque supuestamente recibió dinero para votar la ley que perjudicó a los trabajadores argentinos.
En el proceso, que comenzó el 14 de agosto, se encuentran imputados por el delito de Cohecho activo agravado” que prevé hasta 10 años de prisión, el exsecretario parlamentario Pontaquarto, De la Rúa, Santibañes y Flamarique.
De la Rúa quedó implicado y fue procesado a raíz de darse por probado que hubo una reunión previa en la Casa de Gobierno donde se lo había informado de la intención de realizar un hecho ilegal para lograr la aprobación de la ley, y el entonces presidente habría dicho: “Eso arréglenlo con De Santibañes”. También están imputados por Cohecho pasivo agravado los exlegisladores Augusto Alasino, Ricardo Branda, Alberto Tell, Remo Constanzo y Emilio Marcelo Cantarero, cuyo proceso está suspendido por cuestiones de salud.
El juicio tiene como fin investigar si efectivamente existió el pago de unos 5 millones de pesos/dólares entre senadores para “facilitar la sanción de la Ley de Reforma Laboral”, una norma “existencial para el gobierno” de De la Rúa, según la acusación leída en el inicio del juicio. De acuerdo a la causa judicial, la SIDE entregó 5 millones de pesos para repartir a senadores del bloque justicialista por su voto favorable a la sanción de la ley, dinero que habría manejado Pontaquarto en persona, guardado en su casa y luego llevado a la de Cantarero para el reparto.
El arrepentido Pontaquarto reiteró en su declaración ante el tribunal que fue el propio De la Rúa quien ordenó, durante una reunión en su despacho en la Casa de Gobierno, pagar los 4,3 millones de pesos pedidos por un grupo de senadores justicialistas para aprobar la Ley de Flexibilidad Laboral en 2000. En tanto, en su declaración, De la Rúa se proclamó “inocente”, negó el pago de sobornos y no solo calificó de “absurda” la acusación en su contra, sino que, dijo, está basada en “groseras mentiras” y “contradicciones”.
Durante las audiencias, ya testimoniaron el exvicepresidente Carlos Chacho Álvarez, quien dijo tener “certeza política absoluta” del pago de sobornos. También declaró el por entonces líder de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, quien ratificó que el exministro de Trabajo Alberto Flamarique le dijo que “para los senadores tenía la Banelco”.
