Durante una conferencia en la Casa Rosada, la mandataria manifestó su desacuerdo con el acuerdo que alcanzaron los abogados de Adecua con los bancos, ya que se estableció que 1,7 millones de usuarios perjudicados por el cobro de más de cargos y seguros perderían sus derecho a reclamo en caso de no presentarse a solicitar la indemnización el plazo de 60 días.
Además, Cristina resaltó que el acuerdo sólo fue comunicado a través de la publicación en dos medios de tirada nacional y criticó que no se haya ordenado acreditar a la cuenta de los clientes los montos equivalentes al resarcimiento.
«¿A nadie se le ocurrió pensar que sería engorroso que un millón de personas fueran a hacer su reclamo?», ironizó la jefa de Estado al poner en tela de juicio la operación que significó un ahorro de 367 millones de pesos para las entidades financieras y 15 millones en honorarios para los abogados.
Luego, la Presidenta hizo hincapié en el rol del juez y el fiscal que homologaron el acuerdo y apuntó: «Cuando se trata de condenar al Estado o de juzgar a los funcionarios hay una cola larga de jueces y fiscales para hacer justicia, pero cuando se trata de privados no conocemos qué pasa».
Por eso, la mandataria exhortó al Ministerio de Justicia a tomar cartas en el asunto y avanzar con una investigación por enriquecimiento sin causa, «una figura contemplada en el Código Civil de la que se habla muy poco», indicó. «Hay que ver a quién se controla. En la Argentina, si controlas al verdadero poder, lo más probable es que termines procesado», sentenció.
En ese sentido, Cristina insistió en que «cosas como ésta me hacen ver con mayor necesidad la necesidad de democratizar la Justicia, desde la selección de jueces hasta su juzgamiento», y agregó que tiene «varios proyectos en mente para enviar al Congreso».