Durante la recorrida –fueron hasta el lugar del accidente fatal- observaron carritos deambulando por el predio con menores de edad a bordo y camiones particulares que volcaban residuos. Los ediles constataron que hay cinco personas, contratadas con subsidios laborales, que controlan el ingreso principal: dos de día, dos más de tarde y uno por las noches. “Evidentemente no dan abasto”, mencionó Zadoyko.
De las empresas que vuelcan, sólo los camiones de Masisa piden permiso y solicitan que les muestren el lugar donde depositar los desperdicios. “El resto ingresa como dueños de casa, vuelca en cualquier lugar y cualquier cosa”, indicó el edil.
Por ello se encuentran residuos patológicos tirados junto con féretros destinados a personas indigentes, algunos quemados. La carga de camiones atmosféricos se deposita cerca de un arroyo. “Todo esto va a parar al río. Estamos agravando más en vez de cuidar el medio ambiente”, resaltó.
Cuando se retiraban, pasaron por la planta de reciclado que utiliza la cooperativa. “Vimos muchas carencias, prácticamente no están en condiciones. Trabajan con sueldos muy bajos de $ 1800 por ser un trabajo insalubre y no cuentan con las herramientas necesarias como para cuidar su salud”, indicó Zadoyko.
El edil señaló que no se entiende que en una ciudad como Concordia aún no se hayan tomado medidas serias para tratar de solucionar de forma definitiva el problema de la basura. Además, aseguró que espera que, a partir de la visita, se elabore un pedido de informes donde consten las falencias observadas para que las áreas pertinentes las subsanen.
En concreto, los ediles no pudieron determinar un dato fundamental: que empresa arrojó el tacho que explotó causando la agonía y muerte al adolescente de 16 años. “Se especula, por ahí conversando con los empleados pero nadie se anima a hacer la denuncia con nombre y apellido”, dijo. No obstante, descontó que si la Justicia trabaja en el caso va a surgir el nombre de la misma.
El otro problema que no tiene solución a la vista es el ingreso permanente de personas, muchas de ellas indigentes que sobreviven de la basura. “Está muy cerca El Silencio. Por eso hay que pensar en serio el cercamiento del lugar para no permitir que ingrese cualquier persona”, indicó. La cooperativa a cargo del reciclado no tiene los medios económicos como para levantar un alambrado.”Ni siquiera pueden contratar más empleados para trabajar con mayor cantidad de reciclado”, señaló Zadoyko.
Respecto del alambrado, vale recordar que en el anexo III del convenio que firmaron en 2007 el municipio con la empresa Cetru se establecía como obligación para la empresa cercar todo el predio. Artículo 1-10 “se procederá también al cercado de todo el predio con alambrado de campo y se controlará los accesos al mismo, no pudiendo acceder personas ni residuos, sin el permiso de Cetru SA”.
El final de la historia de Cetru es conocido. Por falta de rentabilidad, la empresa no cumplió con los compromisos asumidos y la municipalidad le rescindió el contrato un año después y debió resarcirla en $ 208.000. Paralelamente, el convenio originó una denuncia judicial por no haber llamado a licitación pública que terminó con los firmantes del documento sentados en el banquillo de los acusados. Cinco años pasaron y el alambrado nunca se construyó; las personas siguieron ingresando libremente sin control alguno con los riesgos lógicos de sufrir un accidente, tal como el que trágicamente aconteció hace una semana.
El colmo del sinsentido se produjo hace pocos días cuando llegaron dos o tres camionetas de Tribunales con papeles viejos para ser quemados. Cuando el responsable de la cooperativa solicitó los mismos para el reciclado dado que tienen valor económico, le respondieron que un juez había solicitado que se incinerasen. “Eso es contradictorio porque en ese lugar no se puede quemar porque así lo determina la normativa vigente”, señaló Zadoyko.
