La causa se inició en enero de 2011, cuando la juez de instrucción Wilma López, a cargo del sumario por el homicidio de Ferreyra, consideró que de las escuchas telefónicas obtenidas en esa pesquisa, podría surgir que Araóz de Lamadrid ofrecería a camaristas de casación dinero aportado por Pedraza –a través de Stafforini- para lograr su excarcelación y la de otros detenidos por el asesinato.
Escobar actuaría, como empleado de la Cámara Nacional de Casación Penal, para que cuando al tribunal le tocara intervenir en el expediente, resultara ser la Sala III la que resolviera los recursos contra los procesamientos y prisiones preventivas.
Un allanamiento en el estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid, en Viamonte al 1.400 de esta capital permitió el secuestro de 50.000 dólares –que el letrado mencionó como “honorarios”-, en cinco fajos de billetes, tal como habían sido retirados por Stafforini de la sucursal Montserrat de un banco privado.
“Pedraza tomó la decisión de efectuar los pagos necesarios y también resolvió que el dinero saliera de las arcas de la UF y de la compañía” Belgrano Cargas –donde Stafforini es vicepresidente-, consignó Rodríguez.
Rodríguez indicó que Aráoz de Lamadrid, como ex empleado, y Riquelme, por sus actividades, mantenían relaciones personales con el camarista de casación de la Sala III Eduardo Riggi.
El magistrado manifestó que hubo un “ofrecimiento” del ex juez para Escobar se lo hiciera llegar a Riggi y otros camaristas y estimó que el delito se concretó, aunque la noticia de la dádiva no hubiera llegado a destino.
“Estoy convencido –acotó Rodríguez- que desde un comienzo emprendieron la materialización de las maniobras urdidas, con el consabido designio de lograr la intervención de la Sala y el Juez aludidos para luego, a través del conocimiento preexistente de Araoz con él, influenciar o tratar de influenciar sobre su espíritu para encarrilar el asunto que harto comprometía a Pedraza”.
Con respecto a quienes podrían haber sido receptores de los sobornos -los camaristas Riggi, Mariano González Palazzo y el ex magistrado de casación, Gustavo Mitchell-, Rodríguez remarcó que en el sumario no existen “elementos objetivos” que los vinculen con los hechos investigados.
