En la nota, firmada por los secretarios general y adjunto, Luis Galligo y Sergio Elizar, se expresa con un fuerte reclamo de las bases el plenario de la CTA definió el jueves 16 de agosto la realización de una movilización para el martes 5 de septiembre. La medida será evaluada por los gremios que integran la Central, pero es poco probable que se modifique la fecha habida cuenta de la insistencia de las bases de plasmar las conclusiones del debate en esta medidas de acción.
Representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), de la Unión de Trabajadores de la Comunicación de Entre Ríos (Utcer) y del sector privado como los representantes del Sindicato único de trabajadores del neumático argentino (Sutna) debatieron la realidad política provincial, la dependencia de los fondos que la Nación le retiene a la provincia y no son reenviados a las arcas provincial y la necesidad de impulsar una reforma tributaria en la que los sectores que siempre se benefician con las distintas medidas económicas sean quienes más aporten en función de sus mayores ganancias.
El Plenario, que sesionó en la sede de ATE, retomó los ejes de análisis del Plenario que se realizó en marzo declarando insuficiente la oferta salarial del gobierno, planteando que éste debía oficializar dos instancias de negociación salarial anuales y exhibir una clara vocación al diálogo. La falta de respuestas a estos reclamos, a los que se sumaron el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia y los convenios que firmó el actual Directorio del Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper) fueron los principales temas del debate que cristalizaron en la medida de fuerza que fue aprobada por unanimidad.
También se aprobó que la movilización pase por la Caja de Jubilaciones y por el Iosper como una forma de manifestar el repudio y la preocupación por la situación en ambos organismos.
Repudio
El Plenario calificó como “vergonzosa entrega” a los convenios que el actual Directorio de la Obra Social provincial firmó con las corporaciones médicas y perjudican a los trabajadores afiliados. Con el concepto de que “la obra social es salario”, los distintos oradores coincidieron en la necesidad de articular medidas para recuperar el Instituto para que se ponga la servicio de los afiliados. Para terminar con acuerdos cerrados de espaldas a los intereses de los verdaderos dueños de la obra social quienes, como se destacó “con el mismo sueldo afrontamos la demanda de los dos sectores corporativos que siguen calando hondo en nuestros magros salarios”, se propuso repudiar los convenios firmados con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) y la Asociación de Clínicas de Entre Ríos (Acler), puesto que el acuerdo celebrado contempla aumentos superiores a los que pedían ambas cámaras, y trabajar políticas de salud genuinas destinadas a los trabajadores estatales.
Plebiscito
El Plenario definió la realización en breve de un plebiscito popular para que los trabajadores activos y pasivos decidan si están de acuerdo con lo que está sucediendo en la Caja de Jubilaciones de la provincia. Tras analizar los números oficiales que se conocieron tras el Plenario de Secretarios Generales de ATE la semana pasada que dan cuenta de un déficit anual proyectado de 800 millones de pesos, se concluyó que el déficit, que data de muchos años, no lo generaron los trabajadores. En este sentido, para conocer los orígenes del desfinanciamiento de la Caja, se observó que un juez retirado de la Justicia provincial cobra una jubilación de 52.000 pesos y sus pares promedian haberes de 25.000 pesos, a los que hay que sumar las jubilaciones de privilegio de funcionarios. Estas situaciones se suman al déficit otros sistemas como el de los agentes de seguridad, penitenciarios y los beneficarios de leyes especiales como ama de casa y otros, que son asumidos por el tesoro provincial y son responsabilidad política de quienes nos han gobernado.
También se exhibió que el déficit de la Caja es menor en términos corrientes que el de los años 90 y se alertó que “lo que se quiere ocultar es otra cosa”. Esto es un acuerdo de armonización que el gobierno provincial firmó con la Nación para subir la edad jubilatoria y bajar el 82% móvil a cambio del desahogo financiero de la Caja.
En este sentido, la CTA se mostró inflexible en la defensa de la edad jubilatoria y el 82% móvil, rechazando ese tipo de armonización que en vez de nivelar para arriba, quita derechos.
