El plenario sesionó con tres temas centrales: el déficit financiero que pone en riesgo a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, las últimas medidas que adoptó el directorio del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y afectan el bolsillo de los trabajadores, y la falta de respuestas concretas a los justos y reiterados reclamos de recomposición salarial que vienen realizando los gremios estatales enrolados en la CTA. Los tres temas mencionados acapararon la mayor parte del debate que mantuvieron los secretarios generales de las 14 seccionales e integrantes de la dirigencia provincial del mayor gremio estatal.
Con los números en la mano, los dirigentes de ATE analizaron el déficit que pondría en riesgo el cumplimiento de las obligaciones de la Caja de Jubilaciones. En este sentido se evaluaron indicadores entregados por los funcionarios provinciales tales como la cantidad de trabajadores activos en cada sector estatal y su correlato en trabajadores pasivos, las jubilaciones de privilegios que generan inequidades inaceptables y el déficit que estas dos situaciones ocasionan a la Caja. “Los números dan cuenta, al decir de los funcionarios, de un futuro negro, cercano y concreto, que avanzaría sobre derechos jubilatorios de los trabajadores entrerrianos. Las planillas aportadas denuncian un déficit mensual de 53.471.000 de pesos que es realmente preocupante, pero, vale señalar, a valores corrientes es mucho menor que el déficit que en junio de 1998 denunciara públicamente el entonces senador por el oficialismo Héctor Maya que era de 50.000.000 pesos”, mencionaron.
Los gremialistas señalaron que el sistema debió soportar durante los últimos 28 años la falta de carrera administrativa en el Estado que permitió el otorgamiento de categorías de favor para los fines jubilatorios, la falta de exámenes pre ocupacionales en la Administración Pública, el ingreso en áreas críticas de personal con edad avanzada que se jubila sin realizar los aportes correspondientes, jubilaciones de privilegio, la falta de reintegro de las demás cajas por los aportes hechos de quienes se jubilan por nuestra caja, las leyes de jubilación anticipada, entre muchos otras responsabilidades políticas de quienes han gobernado la provincia y que: “quieren hacernos pagar a los trabajadores tales desaguisados con la pérdida de derechos”. “Ni que hablar de los más de 5.000 irregulares contratos de obra que hoy están aportando a la ANSES (vía monotributo) en vez de hacerlo en la caja aportándole 4 millones mensuales”.
Uno de los temas recurrentes que los secretarios reciben de sus bases es la recuperación de la mayor obra social de la provincia para beneficio de los trabajadores afiliados. Por eso se criticó con dureza el nuevo acuerdo prestacional celebrado la semana pasada entre el directorio del Iosper y la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) que descargó el mayor porcentaje del pago del coseguro a los bolsillos de los afiliados. Si bien este acuerdo que comenzó a regir el 1º de agosto está sujeto a revisión para su perfeccionamiento, desde ATE se mostraron escépticos, en función de los antecedentes que exhibe la actual conducción de la obra social, en que las posibles observaciones deriven en beneficio de los afiliados.
El nuevo convenio comprende una categoría A con un valor de 60 pesos, de los cuales 20 están a cargo del afiliado. Otra categoría tiene un valor de 75 pesos, con un coseguro de 35 pesos e incluye a médicos de más de 20 años de antigüedad con título en alguna especialidad o sin él mismo pero que se desempeñen como jefes de servicio de clínica u hospitales. “Se evaluó la desproporción existente en la financiación de la cobertura médica, en la que la mayor parte corre por cuenta del afiliado. En este sentido se puso sobre la mesa que el promocionado conflicto entre ambas instituciones funcionó como una cortina de humo para ocultar el verdadero objetivo que fue cerrar un convenio que nuevamente le dio la espalda a los afiliados”, expresaron.
Respecto a la falta de respuesta a los reclamos de recomposición salarial que agravan la acuciante situación económica de la mayoría de los trabajadores estatales, se observa claramente en la nula vocación del gobierno para convocar a los sindicatos al menos a dialogar, obligó a los gremios enrolados en la CTA a definir una serie de acciones y medidas de fuerza. En este sentido, el plenario definió acordar con sus pares de Agmer las acciones a desarrollar para que el gobierno tome conocimiento de la situación de los trabajadores estatales y sus familias.
