«Es del caso destacar, a su vez, que las decisiones que se adoptan por la Comisión Administradora del Río de la Plata surgen del voto conforme de ambas partes, reiterando en el caso, el respaldo a lo actuado por la Delegación del Uruguay», agrega.
El gobierno uruguayo entendió que «la mejor respuesta, en relación a la licitación pública internacional para la profundización del Canal Martín García y en favor de la transparencia y claridad en los procedimientos seguidos, es tomar la decisión de aprobar el pliego de obras de la licitación pública internacional».
Finalmente, se afirma que «a estos efectos reivindicamos nuestros próximos encuentros a nivel de Presidentes y Cancilleres como el ámbito natural para definir el buque de diseño del canal, en tanto único punto pendiente de resolución del citado pliego, al tiempo de disponer su envío en forma inmediata a las empresas precalificadas».
El resultado de la auditoría que realizó el Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) para renovar el contrato a Riovia durante 90 días (a un costo de (US$ 1,2 millones por mes) para el dragado y mantenimiento del canal Martín García generó un profundo malestar en el gobierno de Cristina Fernández y tensó la relación bilateral.
El Tribunal de Cuentas, a diferencia de la Sindicatura de la Nación de Argentina que hizo su propia auditoría, encontró irregularidades en el proceso de renovación del contrato a Riovia y concluyó que la delegación argentina dilató un llamado a precios y forzó la situación para que la concesionaria fuera la única en condiciones para hacerse cargo de los trabajos.
