La carrera política del ex senador Alfredo Thamm llegó a su fin, ya que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la condena condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le dictaron en 2011.
El ex secretario de Hacienda de la Municipalidad de Villaguay fue hallado culpable de reemplazar los fondos públicos depositados en dólares –durante la convertibilidad– por la misma cifra, pero en pesos, una vez devaluada la moneda nacional.
El juicio
El 28 de marzo de 2011, Alfredo Thamm recibió la pena de dos años de prisión condicional e inhabilitación perpetua por el delito de Peculado. Mientras que el exintendente, el veterinario Oscar Miranda, fue absuelto.
El tribunal integrado por Marcela Badano, Raúl Herzovich y Marcela Alejandra Davite de Acuña votó en forma unánime la condena de Thamm y la absolución de Miranda.
Según el veredicto, el exlegislador fue el autor material y responsable del reemplazo de los fondos públicos depositados en dólares –durante la convertibilidad– por la misma cifra pero en pesos, una vez devaluada la moneda nacional.
En los fundamentos del fallo, quedó claro que el veterinario que gobernó La ciudad de los Encuentros entre 1999 y 2003 no tuvo responsabilidad en los hechos. Distinta fue la opinión de los magistrados por la actitud desplegada por Thamm.
Los jueces consideraron que el exsenador radical cometió Peculado, que es la sustracción de fondos públicos cuya custodia y administración le había sido confiada.
En su alegato, la fiscal Cecilia Goyeneche dijo: “Thamm tenía el dominio de lo realizado al administrar los bienes fuera de los controles de la administración pública”, y añadió: “Miranda jamás vio los dólares. Él creía que los fondos sí se extrajeron, iban a llegar a manos de Elsa Carrizo (extesorera municipal)”.
Si bien el STJ no podía analizar la situación de Miranda por haber sido absuelto, los camaristas le dedicaron un párrafo crítico en la sentencia casatoria.
Los vocales entienden que Miranda con su accionar facilitó el obrar delictivo de Thamm, quien “pudo cometer el ilícito a partir del manejo irregular e imprudente de los fondos públicos que el propio presidente municipal ejecutó”. Además desestimaron la excusa esgrimida por Miranda en el juicio, quien dijo que tenía falta de manejo o preparación en cuestiones contables. En ese sentido, la vocal Claudia Mizawak opinó: “… si asume una conducta para la cual, eventualmente, no se encontraba preparado, de todas maneras debe responder por la imprudencia por emprendimiento o asunción, por cuanto, quien afirma, o entiende, no encontrarse capacitado para enfrentar una actividad debe ‘abstenerse de hacerlo’ o ‘responder por las consecuencias’ lesivas que su conducta genere”.
Los vocales que analizaron el caso fueron: Claudia Mizawak, Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia.
La única instancia que le queda a los abogados de Thamm es presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
Fin de la convertibilidad y el inicio de una causa penal
La salida de la convertibilidad para algunos significó un golpe duro y para otros fue un negocio. Al parecer, para el municipio de Villaguay fue una situación problemática, mientras que para Thamm –según la Justicia– fue beneficioso.
Según la acusación que sostuvo la Fiscalía, el 23 de mayo de 2001 se depositaron a nombre de la Municipalidad 200.000 dólares que se compraron con 200.400 pesos que habían obtenido de dos ATN. En 2002, ya devaluada la moneda nacional, en la caja debía haber 170.200 dólares guardados, ya que 29.800 dólares habían sido utilizados para pagarle a una empresa brasileña la perforación termal. No obstante, solo había 99.000 dólares y no 170.200. La diferencia estaba en pesos.
Para la Fiscalía el 23 de mayo se consumó el Peculado, ya que después de sacar los 200.400 pesos se dejaron de registrar los movimientos bancarios y se empezó a administrar el dinero en forma privada.
Los imputados dicen que devolvieron la plata en diciembre de 2001, cuando estaba uno a uno, mientras que la tesorera dice que fue en mayo de 2002, cuando ya se había devaluado.
La decisión de utilizar la caja de seguridad fue, según los imputados, para evitar que el monto de los ATN fuera embargado por acreedores del municipio a raíz del histórico juicio por obras de pavimento que la comuna perdió con una empresa luego de un litigio de más de 25 años.
La autorización para la apertura de la caja de seguridad en Paraná fue dada por Ordenanza Nº 734/00 del Concejo de Deliberante de Villaguay.
Devolver el dinero
El Tribunal de Cuentas dictaminó el 22 de noviembre de 2002 que Oscar Miranda, Alfredo Thamm, César Manuel Greca, Elsa Mirta Carrizo y Héctor Giles deben devolver la suma que resulte de multiplicar 71.200 dólares por la cotización que tenga la divisa al tipo vendedor el día que los acusados efectúen la devolución de los fondos, menos 71.200 pesos. Además, los declaró deudores fiscales bajo apercibimiento de ejecución por encontrarlos responsables de la irregularidad constatada. Sin embargo, Carrizo, Greca y Giles presentaron recursos ante el STJ logrando quedar exentos del pago.
