El entonces vecino de la familia Gorosito con quien Elías habría tenido un conflicto la noche previa a su desaparición, Ramón Franco, quedó a disposición del tribunal al afirmar datos y acontecimientos imprecisos y negar que sea su firma la que se encuentra en una denuncia policial por su problema con la víctima.
Cabe recordar que antes de comenzar con las testimoniales este martes se había solicitado al tribunal que autorice un programa de protección a testigos, propuesto por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y el Ministerio de Seguridad. El cuerpo dio lugar al pedido, por lo cual se mantendrá en comunicación con la Secretaría de Justicia de la provincia, encargada de articular entre los distintos organismos. El oficio ya fue canalizado al Ministerio de Seguridad de la Nación.
El juicio, que tiene como abogados querellantes a Rubén Pagliotto e Iván Vernengo, continuará este jueves a las 9 en la Sala II de la Cámara del Crimen de Paraná.
Los testimonios
El tribunal integrado por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti escuchó en primera instancia el testimonio de Monzón, quien negó que su ex novio haya sido golpeado en una Comisaría tras ser detenido en el hospital al que concurría para realizarse curaciones. Cuando hubo un careo entre ella y Cristina Gorosito, sin embargo, se desdijo y negó haber estado allí, donde Elías gritaba desde el fondo por los golpes que recibía. Además, sostuvo que en su declaración previa -en el marco del primer juicio- se encontraba solamente junto a la persona del juzgado que le tomaba testimonio, cuando en el acta consta que había representantes de las distintas partes. La afirmación se produjo luego de haber incurrido en varias contradicciones, por lo que el tribunal labró un acta, remitió los testimonios al Juzgado de Instrucción de turno y dispuso su detención.
Franco, por su parte, dijo que vio a Gorosito dos días después de su desaparición. El testigo había tenido un problema con la víctima la noche anterior al episodio que se investiga, tras el cual –señaló- él y Ariel “El Yegua” Zárate balearon el frente de su casa la madrugada del 13 de febrero de 2002. En ese momento radicó la denuncia, y manifestó haber visto a ambos caminar frente a su domicilio el 15 de febrero, ampliando su acusación ante la Policía al día siguiente. En aquella oportunidad, según relató, el agente que le tomó la denuncia no le habría avisado que uno de los responsables hacía tres días que se encontraba desaparecido.
Cuando la jueza Badano le mostró las actas de esa denuncia, sin embargo, negó que sea su firma la que rubricaba el documento. Tras ello, incluso, llegó a afirmar que la pericia balística en su domicilio se realizó de madrugada, cuando allí consta que se hizo a las 6.30. La denuncia, admitió, estaría “llena de inexactitudes”, por lo que el tribunal decidió volver a citarlo en una próxima audiencia para realizar una serie de careos.
Los hermanos Daniel y Esteban Colman desconocieron su vinculación con Zárate quien, según manifestaron hace algunos años, en esa época solía incluso dormir en sus respectivas casas. A su vez, se contradijeron al indicar por separado el modo en el cual supieron de la desaparición de Gorosito, aunque estos aspectos confusos no los llevaron a quedar a disposición de la Justicia. Uno de ellos admitió, sin embargo, que “todos los pibes del barrio” hablaban de “la fama” de la Comisaría Quinta, ya que allí había todo tipo de “apremios”. El dato no es menor: fue el móvil 97 de esa dependencia al que subió Gorosito antes de su desaparición.
Rodolfo Pellegrini y Héctor Oscar Céspedes también prestaron declaración este miércoles, aunque no se pudo establecer una vinculación precisa entre sus dichos y el episodio que se investiga. El primero, un ex repartidor, contó haber visto aproximadamente en la misma época cómo un joven era subido por la fuerza a un vehículo Fíat 128 rojo, y que le “pareció por cómo lo llevaban que eran policías”. Aunque su relato no puede aún ser relacionado con la desaparición de la víctima, será notificado para asistir a la inspección judicial in situ que se realizará tras el pedido del fiscal Leandro Ríos, y precisar allí algunos de sus aportes.
El fallo de la Procuración General
Los imputados Lisandro Rodríguez, Diego Salvador y Jesús Salvador López fueron absueltos en el proceso llevado adelante en 2004 por el mismo hecho, pero la familia de Gorosito apeló la decisión –ratificada en una primera instancia por el Superior Tribunal de Justicia- hasta que la Procuración General de la Nación ordenó hacer lugar a su queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado, por lo que instó que se realice un nuevo juicio. La Corte Suprema de Justicia, con la sola disidencia de Carmen Argibay, compartió e hizo suyos “los fundamentos y conclusiones del señor Procurador Fiscal”, Eduardo Enrique Casal.
El magistrado consideró que el fallo se sustentaba en afirmaciones dogmáticas, ya que se había rechazado la posibilidad de incluir una testigo clave que relató haber visto a Gorosito –quien entonces contaba con sólo 19 años- en el momento en que era llevado por las fuerzas de seguridad.
