“Venimos denunciando desde hace años la crisis del federalismo fiscal, que produce un efecto perverso al generar dependencia de las provincias hacia el gobierno nacional y por ende termina vulnerando la esencia de nuestra organización política federalista, o sea la autonomía de las provincias” expresó el dirigente radical.
“De esta manera, miles de millones de pesos por año, que corresponden a los entrerrianos, son apropiados de manera abusiva e ilegítima por el gobierno nacional, sin que nuestro gobierno atine siquiera a esbozar una mínima queja”, mencionó en otro párrafo.
“No se trata de que los recursos no se inviertan en las provincias, obviamente; no podría ser de otro modo. Pero se invierten de una manera discrecional, a veces transfiriendo directamente fondos de la Nación a los municipios, a veces beneficiando excesivamente a unas provincias en detrimento de otras, y siempre ejerciendo un sometimiento político de las jurisdicciones provinciales”, explicó Artusi.
“Los denominados Programas Federales de Vivienda, que comenzaron a ejecutarse a partir del año 2004, son una prueba palpable de esta crisis, que refuta por completo la falaz alusión a un supuesto e inexistente ‘federalismo de los recursos’, que suele mencionar el gobernador Urribarri”, sostuvo el dirigente.
“A diferencia de los fondos del FONAVI, que se distribuyen automáticamente entre las provincias de acuerdo a un índice fijado en la ley, los recursos de los programas ‘federales’ de vivienda – que de federales no tienen nada – se reparten entre las distintas jurisdicciones de manera absolutamente discrecional, generando como podrá imaginarse rápidamente el lector profundas asimetrías y por ende notorias injusticias”, opinó.
Según datos oficiales de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el INDEC, entre 2004 y 2010 Entre Ríos recibió $ 306,48 por habitante desde los Programas «Federales» de Vivienda. Santa Cruz, en el mismo período, $ 2.279,09 por habitante, casi 7,5 veces más. Los entrerrianos estamos incluso por debajo de la media nacional, $ 328,40 por habitante.
“Urge revertir esta situación, porque a pesar de la mayor inversión que suponen los Programas Federales de Vivienda, aún con fondos extra a los del FONAVI (con los que por otra parte se construye hoy una cantidad insignificante de viviendas) no ha logrado llegarse a los ritmos de terminación de viviendas que se registraban en la década del 80 y del 90, con situaciones macroeconómicas muchísimo más gravosas que la que se viene dando desde hace 9 años, en los que se verificó el período de mayor crecimiento del PBI de la historia argentina”, acotó Artusi.
“Para corroborar esto, podríamos decir que en 1988 se terminaron 2.469 viviendas FONAVI en Entre Ríos. Luego, nunca más se alcanzó a superar esa cantidad. En 2010, 22 años después, se terminaron sólo 125 viviendas FONAVI. Aún si les sumamos las 2.339 viviendas terminadas de los programas «federales» llegamos a 2.464, o sea 5 menos que en el ´88. Avancemos tranquilos…”, dijo parafraseando irónicamente el slogan de campaña del oficialismo en las últimas elecciones.
Antecedentes desfavorables
Artusi no recordó uno de los factores que explican las falta de viviendas. El actual vicegobernador, José Cáceres, no dejó un buen recuerdo en el IAPV. En 2008, dos delegados de la regional Salto Grande recordaron que no cumplió con las metas prefijadas en la adjudicación de cupos a las provincias, no les asignaba ni siquiera los fondos para pagar los certificados de obras en ejecución.
En una nota enviada a DIARIOJUNIO ambos explicaron que el ahora vicegobernador nunca solucionó: “las cuentas corrientes embargadas de nuestra regional (IAPV Regional Salto Grande) ; el tema de los autos que de tres no se hace uno, pero eso sí, compró con fondos del instituto antes de irse uno de 65 mil dólares para llevárselo a la Cámara de Diputados”. A raíz de ese desmanejo y otros, el Iapv dejó de recibir fondos de la Nación para construir viviendas.
