“El tema no es menor. Me tomo el atrevimiento de pedirle a los legisladores que lo vean y estoy a disposición para aportar todos los datos que sean necesarios”, agregó Bossio, quien mencionó que “estas desigualdades no las debe convalidar el Estado, sobre todo en los regímenes especiales y en algunos sectores que ni siquiera pagan el Impuesto a las Ganancias”.
En referencia al Poder Judicial, Bossio también dijo que “la Justicia actuó de colegislador” al “modificar los topes, los cálculos y la movilidad”.
Bossio dijo que venía al Congreso “a explicar una situación que me pidió (la presidenta de la Nación) Cristina” Fernández de Kirchner, al mencionar a los “regímenes que generan privilegios en la Argentina”.
“Dicen que son especiales, pero para nosotros son de privilegio”, sostuvo el funcionario al mencionar entre los beneficiados por ese régimen al Poder Judicial, al Servicio Exterior de la Nación, a las sentencias judiciales y también a los obispos.
Bossio también mencionó a los investigadores científicos, a los docentes, a los docentes universitarios y a los jubilados de Luz y Fuerza.
El funcionario dijo que los “4135 jubilados del Poder Judicial implican una erogación anual de 1.183 millones de pesos”, y agregó que son 481 los casos del Servicio Exterior de la Nación y 7007 los jubilados que reciben sueldos por encima del tope.
“El haber jubilatorio más alto es de 112 mil pesos mensuales y es producto de una sentencia judicial”, informó Bossio, para luego declarar que en el puesto nueve de las jubilaciones más altas se sitúa un jubilado del Poder Judicial que cobra 67.937 pesos por mes y en el puesto 17, el haber de un ex docente no universitario que recibe 58 mil pesos mensuales.
De acuerdo con los datos aportados por Bossio, la jubilación máxima del Servicio Exterior es de 58 mil pesos, mientras que el de los docentes universitarios y de los científicos es de alrededor de 54 mil pesos; en tanto que el jubilado de Luz y Fuerza con mayor remuneración cobra 52 mil pesos.
Según Bossio, en el régimen general la jubilación máxima es de 12 mil pesos y que la media jubilatoria llega a 2.200 pesos.
“La jubilación media del Poder Judicial, con 4135 beneficiarios, alcanza a los 22 mil pesos; la de los 404 jubilados del Servicio Exterior es de 25 mil pesos, mientras que el haber promedio de los más de 7000 jubilados por sentencias judiciales alcanza los 15.300 pesos”, enumeró.
En el caso de los obispos, Bossio mencionó que cobran, en promedio, “el 70 por ciento de la jubilación de los jueces”.
“El Poder Judicial tiene jubilaciones diez veces superior al resto del sistema. El promedio es de doce veces en el Servicio Exterior y de siete veces en los jubilados con sentencia”, enumeró.
Además, mencionó que la diferencia entre el haber máximo del Poder Judicial y el mínimo que cobran cuatro millones de personas, “es de 40 veces”.
“La pirámide se acható, pero no para estos beneficiarios”, indicó Bossio y agregó que “el régimen del servicio exterior insume 62 millones de pesos anualmente; mientras que el del Poder Judicial consume 43 millones y el de las sentencias judiciales, 272 millones”, enumeró.
En este sentido, el funcionario recordó que “en 2002 se aprobó una Ley para terminar con estos privilegios que fue vetada por el entonces presidente (Eduardo) Duhalde”.
“Es importante que el Congreso de la Nación sepa que se pagan jubilaciones de 112 mil pesos por regímenes especiales”, subrayó.
Bossio también refirió que el Sistema Integral Provisional Argentino está sostenido por 8.600.000 trabajadores activos con cuyos aportes se sostiene a 5.600.000 beneficiarios.
“La tasa es del 1,5 por ciento, lo cual la hace insuficiente y por eso el sistema es mixto y está administrado por el Estado. Con la decisión de universalizar el sistema pasamos de cubrir al 65 por ciento de los pasivos a cubrir hoy al 95 por ciento”, ejemplificó.
El funcionario también recordó que “de cada cien pesos que recibe la seguridad social, 42 pesos son por impuestos y el resto por aportes y contribuciones”.
“Tenemos un sistema que cumple con todos los pilares, que crea redistribución del ingreso, que es sustentable en el tiempo y administrado por el Estado”, subrayó.
En ese sentido, acusó a la Justicia de actuar de “colegislador” con sus fallos provisionales contra el Estado.
“La justicia modificó los topes, modificó los cálculos y la movilidad es cuestionada. Cuestiona los aportes de los trabajadores en actividad, actualiza de manera distinta el PBU a como lo hace el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Crea nuevas prestaciones e inicia procesos de emitir cautelares sin resolver el fondo de las cuestiones”, enumeró.
El funcionario agregó que los fallos judiciales “modifican la normativa y no tienen en cuenta el impacto en el sistema”.
Bossio sentenció que “de aplicar los fallos complementarios que pide la Justicia se deberían erogar más de 48 mil millones de pesos”, y agregó que “de aplicar el 82 por ciento móvil, ANSES debería pagar 77.282 millones de pesos”.
“Es insostenible hacer frente de manera generalizada a lo que establece la Justicia. El Poder Judicial tiende a modificar el sistema con sus fallos. Las cautelares dejan al Estado de indefenso”, subrayó, y remarcó que “el 3,2 por ciento de los jubilados tien algún litigio con la ANSES”.
