En lo que va del proceso hay dos operaciones, dos estrategias, a las que se quiere hacer pasar como estrategias adoptadas por los imputados para su defensa, pero que en realidad van mucho más allá. La referencia es para al silencio casi generalizado de los imputados por delito de lesa humanidad o, en los pocos casos que hablan o se leen sus declaraciones como es el caso de Harguindeguy, al tipo de argumentos que utilizan a la hora de justificar sus actos.
Este modo de actuar va más allá de una estrategia defensiva y de lo que se trata es de la “continuidad de sus delitos” ya que los imputados se niegan a dar información que tienen sobre las personas detenidas-desaparecidas, conducta que los constituye en “delincuentes continuos” y en su lugar declaran que “Las fuerzas armadas se vieron obligadas por su responsabilidad irrenunciable de tomar el poder para terminar con el desgobierno y la corrupción” como dijo Harguindeguy en sus declaraciones testimoniales .
Con la urgencia de establecer la seguridad nacional y erradicando la subversión y las causas que la favorecen” según afirma Harguindeguy en sus declaraciones testimoniales leídas en la última audiencia.
Estas estrategias, este silencio enfermo que continúa lastimando, fue adoptada prácticamente por todos los militares que participaron del último golpe militar en nuestro país y la causa Harguindeguy así lo refleja.
Es importante remarcar, como agravante de la impunidad con la que estas personas se han manejado hasta la apertura de esta causa que no se tratan de ciudadanos acusados de delitos que todavía no han sido fehacientemente demostrados y por ello merecedores de la presunción de inocencia, sino de golpistas y represores que han sido protegidos por el Estado desde 1976 hasta finales de 1983, protección que luego se extendió hasta 1991 con la promulgación de las leyes de punto final y obediencia debida; situación de impunidad de las que estas personas gozaron hasta los primeros años del nuevo siglo cuando el Congreso y la Corte Suprema anularon la leyes de impunidad y se abrió esta nueva etapa en la que por fin estos represores son enjuiciados.
En la última audiencia que se realiza en el Tribunal Oral Federal de Paraná, la jueza Liliana Carnero pregunto uno por uno a cada imputado (Crescenzo, Mondragón, Pérez, Valentino, Dasso, Rodríguez, Kelly del Moral y Harguindeguy) si querían hacer uso de la palabra, a lo que todos respondieron que se reservaban su derecho a manifestarse cuando lo consideren conveniente.
Luego se procedió a leer las declaraciones testimoniales de Harguindeguy, Mondragón, César Rodríguez y Killi de Morales quienes fueron los que comparecieron en la etapa instructoria.
En sus declaraciones los cuatro imputados negaron rotundamente todos los hechos de los que se los acusa. Pero la declaración más fuerte fue la de Albano Eduardo Harguindeguy quien fuera General de brigada del ejército a en el año 1976 y general de división desde el 31 de diciembre de 1977 hasta su pase a retiro y también en esa época fue ministro del interior de la república argentina desde 27 de abrir 1976 hasta el 4 de diciembre de 1980.
En la lectura de sus declaraciones Harguindeguy afirmaba que las fuerzas militares se vieron obligadas por la coyuntura de la época a tomar el poder del Estado por la fuerza, con el fin de “terminar con el desgobierno y la corrupción”. También afirmó que “En el marco del conflicto mundial de la denominada guerra fría la misma envolvió a nuestro país” en la que los militares debieron “luchar contra el flagelo subversivo”.
En su declaración el represor se explayó en argumentar sobre “la conformación de los grupos subversivos” en el país afirmando que gran parte de los cuerpos subversivos se gestó en 1973 cuando “la derogación de todas legislación y las garantías impuestas que permitió que más de 2000 subversivos recuperara la libertad. Ese mismo año cae el gobierno chileno de claro tiente socialista y muchos de los subversivos chilenos se refugian en nuestro país”, de esta manera el represor, que seguía atentamente la lectura de sus declaraciones, agregó que todas las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad fueron efectuadas aplicando normas aprobadas y aseguro que durante el período que él estuvo como Ministro del interior no hubo ningún desaparecido.
Tanto con sus formas de argumentar, en la que no se puede ver ni un mínimo de arrepentimiento o aceptación de algún error, o en los silencios que esconden atrocidades se puede ver como estos nefastos personajes continúan demostrando compromiso con la planificación de genocidio.
El 18 de abril continuará el proceso con las testimoniales de las víctimas de los delitos cometidos en Concepción del Uruguay
La mega causa Harguindeguy
En la causa si investigan delitos de lesa humanidad cometido la última dictadura cívico militar en tres localidades de la provincia: Concordia, Gualeguychú y Concepción del Uruguay. Los represores están acusados de integrar una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes.
Se trata de tres causas acumuladas, y en este caso se investigan los delitos de allanamientos ilegales de domicilio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de torturas en perjuicio de 30 víctimas, y cuatro casos encuadrados bajo la figura de la desaparición forzada de personas, en perjuicio de dos militantes concordienses (el caso Papetti integra otra causa) y otros dos de Gualeguychú.
Los máximos imputados son Albano Harguindeguy (como Ministros del Interior durante la última dictadura tenía bajo su control los centros clandestinos de detención y tortura: los regimientos de Concordia y Gualeguychú y la policía federal de Concepción del Uruguay) acusado por delitos ocasionados a 30 víctimas. Cabe destacar que Genaro Díaz Bessone, jefe del Comando del segundo Cuerpo del Ejército hasta octubre de 1976 y ex ministro de Planificación de Jorge Rafael Videla fue aparatado de la causa por una decisión de los magistrados teniendo en cuenta pericias médicas.
En Concordia, las víctimas fueron Sixto Zalazar (obrero ferroviario, desaparecido el 26 mayo de 1976), Julio Solaga (estudiante universitario y empleado privado, desaparecido el 22 de noviembre de 1976) y Juan José Durantini. El centro clandestino de detención funcionaba principalmente en el Regimiento de Caballería y Los imputados son Albano Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y Naldo Miguel Dasso.
En Concepción del Uruguay las victimas de terrorismo de Estado fueron: Cesar Manuel Román, Juan Carlos Romero, Víctor Alberto Balduncien, Juan Carlos Rodríguez, Roque Minatta, Hugo Mario Maffei (fallecido) y José Pedro Peluffo, todos estudiantes secundarios y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
Además, Carlos Atilio Martínez Paiva, Carlos Horacio Valente (fallecido) y Juan Domingo Santamaría eran militantes de la Juventud Peronista (JP) y también fueron llevados a la misma delegación. Jorge Orlando Felguer y Hugo Emilio Angerosa fueron secuestrados por el Ejército en Gualeguaychú y llevados a la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay.
Cesar Rubén Arrigo, Carlos María Urquiza, Héctor Raúl Respaud, Carlos Julián Cáceres, Jorge Guillermo Aldaz, Juan Eduardo Casaretto, integraban la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza.
Por delitos de lesa humanidad los imputados son Harguindeguy, Díaz Bessone, Juan Miguel Valentino, Francisco Crescenso y Julio César Rodríguez.
En tanto, son víctimas de los hechos que se investigan en Gualeguaychú: Oscar Alfredo Dezorzi, Norma Beatriz González, Víctor Carlos Ingold, Héctor Rodríguez, Félix Donato Román, Enrique Roberto Zapata, Emilio Raúl Martínez Garbino y Jaime Gustavo Martínez Garbino.
En esta causa los imputados son Harguindeguy, Díaz Bessone, Valentino, Dasso, Santiago Kelly Del Moral, Juan Carlos Mondragón y Marcelo Pérez.
