En diciembre de 2011, el gobierno provincial, a través de la Legislatura, con su nueva composición, sancionó la Ley 10.082 que introduce modificaciones a la Ley 10.027 que regula el régimen municipal en Entre Ríos. “Entre otras nos alarma y perjudica a los bloques opositores de todos los municipios, la reforma del art. 91º”, dijo Jáuregui en referencia a la necesidad de los cuatro avales para un pedido de informes.
“Con dicha reforma, directamente, eliminan una útil herramienta de trabajo como son los pedidos de informe y de esa forma nos cortan las manos a los opositores ya que en lugares como Concordia, en los que contamos con un bloque de solo dos concejales, jamás podríamos pedir información alguna”, añadió Jáuregui.
El vicepresidente 2º del Concejo, Mariano Giampaolo, explicó que el tema está siendo estudiado por los asesores. “Lo que se busca, entiendo yo, es evitar que se abuse de la figura del pedido de informes para regularla a una exigencia que cuente con un mínimo de consenso porque si no se presta para que con una sola firma se pueda pedir cualquier tipo de informes en cualquier momento”, argumentó tratando de interpretar el espíritu de los legisladores.
Además comentó que el pedido de Mazaira se trabajó con “la hipótesis de dos firmas” cuando en realidad se necesitan cuatro. Si se hubiesen exigido más avales, el pedido hubiese naufragado. Giampaolo aseguró que en el bloque se evalúo que el intendente, en la primera sesión ordinaria, brindó un “acabado informe” de los estados contables municipales y una proyección “muy prolija de los objetivos”.
En consecuencia, a criterio de la mayoría del bloque, se entendió que estaba “plenamente cumplimentado” la exigencia que exige un informe anual al Concejo y por eso “no era pertinente acompañar” el pedido. “Entendemos que lo dicho por el intendente fue muy claro respecto del estado financiero y económico del municipio y muy descriptivo de las proyecciones que se esperan para el resto del año”, añadió. En cambio, Giampaolo dijo que no hay problemas de acompañar pedidos “fundamentados”.
En tanto, Jáuregui señaló que si dicha ley no se reforma urgentemente, no pueden requerir información y cumplir con la labor de contralor debido a que el megabloque del PJ “juega en sintonía con el Ejecutivo”. “En buen romance significa dejar a la ciudadanía sin herramientas para conocer lo que pasa en la municipalidad y meter todo el manejo municipal con sus dineros en un bolso cerrado herméticamente”, señaló. Y añadió que de esa forma se atacan los derechos de las minorías, se lesiona la división de los poderes y se vulnera el derecho a la información de los actos de gobierno.
Por lo tanto, hizo un llamado a los legisladores, fundamentalmente a los del Peronismo Federal y a los del departamento, Enrique Cresto y Edgardo Jakimchuk, a los fines de que subsanen lo sancionado. “De lo contrario quedará demostrado que el ánimo es obstruir la labor de la oposición, esconder y oscurecer el manejo de la cosa pública para esterilizar toda labor de contralor y escuchar sólo la voz del pensamiento único”, indicó.
