En la audiencia, que duró más de una hora, la intendenta de Paraná acompañada por el secretario de Gobierno, Arnaldo Gomariz; funcionarios de la provincia; integrantes de la Defensoría del Pueblo; concejales; trabajadores del Consejo del Menor y la Familia; y representantes de diversas organizaciones que luchan contra la trata y la explotación sexual, analizó la ordenanza 8955 que prohíbe los prostíbulos y whiskerías, donde se permita la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución.
Luego del encuentro, Osuna informó que la comisión elaborará una propuesta de modificación de la ordenanza que permite y posibilite mejorarla: “Hay una clara postura tanto del Municipio como de la comisión de tener una firme posición contra lo que es la trata en tanto explotación sexual laboral de niños, mujeres y varones”.
Al respecto, destacó “el nivel de acuerdo logrado”, y aseguró que desde la Municipalidad van “a continuar con un doble trabajo: por un lado la clausura de los locales en tanto estén habilitados y en funcionamiento y, al mismo tiempo, se dará cabida a lo que hemos planteado como el Consejo Municipal de la Mujer, para abordar la lucha contra la trata y también la violencia de género”.
Por su parte, Silvia Montaño, de la Red Alerta, dijo: “Qué importante es cuando una política pública se lleva adelante y cuando certeramente la decisión política es ésta. La intendenta que tenemos es mujer y por lo tanto la mirada evidentemente es muy diferente”.
“Dimos mucha discusión entre las organizaciones ciudadanas, esta ordenanza fue muy complicada sacarla, Entre Ríos estaba dando definiciones muy evidentes en este tema, por lo tanto resaltamos que el Municipio, que es capital de provincia, tome no sólo la iniciativa de rever la ordenanza para mejorar el funcionamiento, si no implementarla”, aseguró y agregó que ”es una política pública clara, un mensaje directo hacia la ciudadanía ya que lleva a la protección de derechos hacia la mujer y los niños”.
En tal sentido, Claudia Carranza, integrante de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), indicó que la comisión permite “una nueva apertura que al mismo tiempo posibilita empezar a trabajar el tema de trata, que como organización venimos abordando”.
“Nosotras estamos en esta lucha; no queremos compañeras tratadas ni explotadas”, aseguró Carranza, quien apuntó que las trabajadoras sexuales “tienen que estar exigiendo sus derechos para poder garantizar que si bien se acciona con políticas públicas también existan garantías para las trabajadoras sexuales”. Al respecto, agregó que si las mujeres “realmente son explotadas y tratadas no tienen que volver a ser doble víctima, tienen el derecho de poder tener la tranquilidad de tener la contención necesaria”.
En tanto, la integrante de la comisión de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina, Silvina Calveira, explicó que desde la entidad sindical observan “con satisfacción” la decisión política de la intendenta, ya que recordó que desde la Central denunciaban “desde hace tiempo y públicamente que la ordenanza no se llevaba a cabo y ahora hay un avance concreto en esto, ya que hay voluntad para cerrar los lugares que son espacios de explotación hacia las mujeres y que hacen a la violación de los Derechos Humanos”.
Además, la Central integra la Red Alerta “que su objetivo estatutario es la lucha contra la trata de personas”, recordó la dirigente sindical, quien precisó que desde el departamento de Género de la Central toman “la trata de personas como violencia de género y la trata laboral que incluye al trabajo infantil, que muchas veces es naturalizado”
