Si existe en nuestro país un Código Penal que en diferentes incisos del artículo 86 afirma que no se requiere una autorización judicial para llevar a cabo un aborto no punible ¿Por qué el Hospital de San Salvador no lo hizo? ¿Por qué luego se judicializa el cuerpo de la niña? Una vez judicializada la situación y en pos de evitarle más daños a esta familia y a la niña ¿Por qué el juez a cargo de la causa en Concordia no obliga a los médicxs del Hospital Masvernat a realizar la interrupción de un embarazo terapéutico? ¿Por qué los ejecutivos del Estado se llaman al silencio? ¿Por qué los funcionarios en salud consideran que el cuerpo es un organismo biológico y no tienen en cuenta las dimensiones sociales, culturales y económicas que modifican y transforman permanentemente nuestras vidas cotidianas y nuestros “estados de salud”?
Será que Michel Foucault se equivocó cuando dijo que el Estado demanda nuestros cuerpos en la organización y el control social? ¿Será que en el control de nuestros cuerpos existen diferentes dimensiones políticas que tensan los derechos individuales con las opiniones sociales? ¿Será que es más importante “lo que dirán de quienes toman las decisiones” que la obligación que da el cargo de una función pública de construir equidad, igualdad, inclusión, disminución de daños, integración de derechos a sus ciudadanxs? ¿Será que nuestros cuerpos son campos de luchas políticas y económicas?
Si la salud es un estado de armonía biopsiquica (según la Organización Mundial de la Salud) por que los médicxs evaluaron solo las posibilidades/imposibilidades de que el cuerpo de una niña pueda llevar a cabo un embarazo y no las cuestiones socioculturales y económicas que implican su salud?
Si la salud es un derecho ¿Por qué se judicializan estas situaciones que pueden ser resueltas por los médicxs? ¿Por qué en Concordia cada vez hay más adolescentes embarazadas? ¿Por qué en Concordia crecen los casos de abortos clandestinos?
¿Será que el derecho de una educación para todos y todas tampoco llega a las escuelas de Concordia? ¿Será que de sexualidad y reproducción no se habla en las escuelas? ¿En nuestras familias? ¿Será que las niñas, adolescentes y mujeres no tenemos las posibilidades de decidir sobre nuestras acciones y nuestros cuerpos? ¿Será que los rasgos de la sociedad patriarcal y clasista siguen sin cuestionarse en Concordia?
¿Será que las estrategias de manipulación para que se retirara el pedido de un aborto punible que han llevado a cabo lxs funcionarixs del juzgado a cargo de este caso en la ciudad entrerriana y de la representante legal de la propia familia han violentado y vulnerado el cuerpo de la niña y han quebrantado a la sociedad toda mediante el “olvido” de la existencia de las leyes Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las violencias Contra las Mujeres”?
¿Será que estamos equivocadas? ¿Será que hoy estamos INDIGNADAS?
Creemos como colectivo social que hay que empezar a dar respuestas a estas preguntas y a hacernos cargo de las acciones y omisiones cotidianas.
Creemos que la justicia tenía que dar una respuesta inmediata al pedido de esta niña y esta familia….
Creemos que la justicia, su abogada, lxs médicxs que no le dieron respuesta, lxs ciudadanxs que se oponen a que existan leyes que amparen estos casos, deben garantizarle bienestar socioeconómico y cultural a esta niña y a su bebé. Deben asegurar la construcción efectiva de redes institucionales y sociales que intervengan en la vida de esta y de tantas otras niñas. Deben explicarle y enseñarle que es la maternidad y por qué debe ser madre ahora. Deben explicarnos a todxs por qué una niña por ser mujer y pobre debe aceptar la decisión de otros sobre su cuerpo.
Deben explicarnos por qué hoy nos sentimos INDIGNADXS.
Desde nuestra responsabilidad social repudiamos los silencios, exigimos la presencia del Estado y de políticas públicas integrales, exigimos la explicación del ejecutivo provincial, de los directores de los hospitales, del juez y de su equipo a cargo de la causa, de la abogada que llevó a cabo este proceso. Exigimos saber que va a pasar con esta niña.
Acompañamos a quienes ya han puesto voz; solicitamos a todas las organizaciones sociales, políticas y culturales a emprender acciones de información y sensibilización; y, obligamos a los funcionarixs, a los médicxs, al Estado provincial y al Nacional a “(…) abrir juicios de valor, intervenir, decidir o tomar posición», es decir, legislar y ejecutar acciones en post de garantizar nuestros derechos.
* Marcela Alejandra País Andrade es Lic. en Sociología, Doc. en Filosofía y Letras (área antropología) investigadora del CONICET y Referente provincial de “Las Juanas” Colectivo de mujeres-Concordia, del programa nacional Juana Azurduy.
