“En una verdadera maratón parlamentaria, sin el debate a fondo que una cuestión tan trascendente requiere, sin haber consultado a las entidades del sector agropecuario, y en medio de la más absoluta ignorancia de la opinión pública sobre el tema, la Legislatura de Entre Ríos acaba de aprobar un proyecto de ley que crea la empresa Arroz del Delta Entrerriano SA la que tendrá por objeto ejercer la titularidad de la concesión de las tierras fiscales de la provincia. El texto de la norma es confuso en varios aspectos.
En primer lugar, más allá de la confusión que pueda generar el nombre respecto del cultivo a promover y la zona a concesionar, está claro que la sociedad creada tendrá facultades para concesionar la totalidad de las tierras fiscales de la provincia, y podrá autorizar explotaciones tanto de arroz como de otros cultivos o actividades económicas.
Por otra parte, se establece que la empresa tendrá también por objeto la concesión de los puertos, sin especificar de qué manera esta norma se articulará con la legislación portuaria actualmente vigente. No podemos dejar de advertir que de esta manera se abre peligrosamente una ventana a la posibilidad de la privatización de los puertos entrerrianos en un proceso dirigido por una sociedad anónima en manos de unos pocos grandes empresarios. Los riesgos que se derivan de este dislate son enormes y la ciudadanía entrerriana debe estar al tanto de estas maniobras consumadas por el oficialismo entre gallos y medianoche.
La Provincia se reserva solamente el 20% de las acciones y podrá designar sólo un director de los 5 que integrarán el directorio, por lo que las decisiones de la empresa quedarán en manos de los inversores que adquieran el paquete accionario; con el agravante de que las acciones clase B quedarán reservadas a los 10 mayores productores que manifiesten su interés en suscribirlas, lo que constituye un absurdo privilegio. A su vez, se otorga una autorización para endeudar a la Provincia en 50 millones de dólares, con garantía de la coparticipación de impuestos, para financiar una empresa en la que el Estado va a ser el socio minoritario y sin poder de decisión.
Finalmente, no podemos dejar de señalar la falta absoluta de consideración de los aspectos ambientales. El desarrollo sostenible en áreas críticas desde el punto de vista ambiental como son las islas no debe prescindir a priori de la posibilidad de desarrollar actividades productivas, pero deben estar precedidas por rigurosos estudios y evaluaciones que indiquen las actividades a promover y los mecanismos para monitorear el impacto de éstas. Nada de esto se desprende del texto de la norma aprobada, una ley confusa y peligrosa, que los legisladores harían bien en revisar y que demanda de todos los sectores una actitud comprometida en defensa del patrimonio de los entrerrianos”.
