El acuerdo se celebró con la presencia de los jueces Pañeda, Mizawak, Carlos Alberto Chiara Díaz, Daniel Omar Carubia, Germán Reynaldo Francisco Carlomagno, Susana Ester Medina de Rizzo, Emilio Eduardo Aroldo Castrillón y Juan Ramón Smaldone; encontrándose ausente Bernardo Ignacio Ramón Salduna. Se dio tratamiento al punto 7º, Autoridades de Comisiones para el ejercicio 2012/2013. Tomó la palabra Carubia y propuso la continuidad de Pañeda y Mizawak en sus cargos.
Carubia destacó “la buena gestión y los logros obtenidos”, y remarcó que debían continuarse las acciones que se han comenzado en el actual período con el fin de asegurar su implementación.
Se puso la propuesta a consideración del pleno, quienes siguiendo el orden de votación previsto fueron adhiriendo cada uno a su turno a la propuesta.
A su turno Medina de Rizzo formuló una propuesta en disidencia, postulando a Carlomagno como presidente y a Salduna como vice, que no prosperó.
Pañeda y Mizawak se venían desempeñando en los mismos cargos desde febrero de 2010, tras ser electas en la Reunión de Acuerdo del 1º de diciembre de 2009. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos está conformado por nueve miembros y los cargos de presidente y vicepresidente se eligen entre sus miembros, con una permanencia de dos años en el ejercicio de la función, según lo establece la Ley Orgánica de la Provincia.
La polémica
Tanto la UCR como el Peronismo Disidente, en la figura del ex senador nacional Héctor Maya, reclamaron el juicio político de Pañeda por sus definiciones en materia electoral, como presidenta de tal organismo. Incluso, el ex legislador fue más allá al cuestionarla duramente por su paso como funcionaria de tercera línea del último gobierno militar en Entre Ríos, cargo al que llegó en marzo de 1978, a través de un decreto que nunca se publicó en el Boletín Oficial, como usualmente corresponde. La Democracia Cristiana de Entre Ríos también requirió informes a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia en torno al pasado de Pañeda, lo que siempre fue desestimado por la funcionaria judicial, con el argumento de que estaba siendo objeto de una campaña mediática.
La vocal se limitó a difundir el contenido de una carta enviada recientemente a la Cámara de Diputados de la provincia (cuya comisión de Juicio Político desestimó el primer planteo de Maya), donde advirtió que soportó “con entereza y dignidad” la campaña de “desprestigio” que impulsó el dirigente contra su persona y que lo denunciará para poner en evidencia “la falsedad de sus procaces imputaciones”. Más adelante, la magistrada agregó: “Maya viene utilizando todos los medios periodísticos en una intensiva campaña difamatoria fundamentalmente focalizada en la suscripta”, y argumentó que el ex senador lo hizo “con la intención de ser oído en la Cámara de Diputados lo que irrogaría una flagrante violación al debido proceso” y se ampara en los artículos 138 a 154 de la Constitución provincial.
Salarios
Los vocales, como el ex presidente del cuerpo, votaron a favor de su continuidad. Todos coincidieron en un aspecto: “fue una muy buena gestora en materia salarial”, logrando la equiparación de remuneraciones con el orden nacional y el pago de adicionales que antes no se reconocían a integrantes del Poder Judicial. De hecho, un vocal del STJ está percibiendo más de 30.000 pesos mensuales y tendrá un fuerte incremento cuando se equipare con las remuneraciones para la justicia federal.
