Este viernes por la mañana, se descubrió por enésima vez, el intento solapado de ingresar droga a la unidad penal local. Esta vez, la metodología fue usar como Caballo de Troya; una docena de facturas, dentro de las cuales, se hallaban ocultas algunas bolsitas con Clorhidrato de Cocaína, pero hace un par de semanas, hablábamos de otro caso, el de una joven que intentó ingresar un termo dentro del cual también había droga; y los casos se repiten.
Según refirió a DIARIOJUNIO, el director de la UP3 Marcelo Villaverde, de vez en cuando, algún que otro preso pierde el beneficio de salidas condicionales por intentar ingresar droga para sus compañeros, lógicamente presionados por éstos, y éstos a su vez, por su incontrolable dependencia narcótica.
Sin más, Villaverde expresó: “Imagínese que si un interno tiene la libertad de salir durante todo el día para regresar recién a las 20.00Hs, no tiene necesidad de ingresar droga al penal, si quisiera drogarse y arriesgarse de esa manera, lo haría fuera de la cárcel, cuando esto ocurre es porque reciben presiones de otros internos que no pueden salir”. Presiones, cable aclarar, que deben ser lo suficientemente importantes como para arriesgar un bien tan preciado por un preso, como lo son las salidas condicionales.
De la misma forma, familiares se arriesgan a perder el permiso de visita, pero en otros casos, que son los más, el detenido es un intermediario, o el mensajero del propio vendedor, que ofrece “servicio a domicilio” por una módica suma extra.
Pero en fin, los artilugios para ingresar la droga a la cárcel, que comúnmente terminan siendo el centro de la atención, no son más que una cuestión segundaria; el punto, es que estos casos, que se dan cada vez con mayor periodicidad, están demostrando la fuerte drogodependencia de algunos reclusos, que no son pocos.
Una drogodependencia que es en muchos casos la causa del delito, o los delitos que lo llevaron a estar tras las rejas, una dependencia de la que deben liberarse si esperan salir del círculo vicioso en el que se encuentran. Tarea arto difícil, cuando no hay nada más que buena voluntad a lo que apelar.
La ecuación matemática es muy sencilla: Chico se droga, se hace adicto, necesita más, no tiene dinero, sale a robar para conseguirlo y así resolver lo que su cuerpo le demanda. Es una enfermedad y como tal debe ser tratada, y en tanto estén a la guarda del Estado, como lo están los internos de una Cárcel, es el Estado el que debe tratarlos; máxime si se espera y se cree posible la reinserción social y la no reincidencia. De nada sirve enseñarlo un oficio si no se lo desintoxica.
Ante esta circunstancia, hace dos meses DIARIOJUNIO consultó a Villaverde sobre qué programa había para tratar a los internos adictos, o con que asistencia contaban para tal fin: la respuesta del funcionario penitenciario, fue que no había nada: “A los alcohólicos los tratamos por alcohólicos anónimos y a los drogodependientes los trata el psicólogo de la Unidad Penal, pero es un extra que él hace por vocación personal, porque no es su función” aclaró.
A 60 días de esta entrevista, la realidad no ha cambiado en nada. En una nota concedida a este medio la semana pasada, el subprefecto Villaverde, señaló al respecto: “En Concordia no hay grupos de autoayuda, hay uno solo que se está formando pero por ahora no aceptan presidiarios; por el momento al tratamiento lo hace el psicólogo de la unidad, y hace lo posible para llevar adelante el tratamiento en conjunto con sala 8 del Hospital Felipe Heras”
Asimismo, adelantó que “En la colonia penal El Potrero, que está en Gualeguaychú, hay un sector que está destinado para drogodependientes”. Pero según confirmaron fuentes judiciales que tiene trato directo con internos adictos y evaluaban la posibilidad de pedir el traslado a esa institución; el sector a inaugurar, solo cuenta con 14 plazas, lo que no alcanza a cubrir siquiera la demanda de esa localidad, donde se encuentra la UP2 de máxima seguridad.
Pero el tema no culmina en la falta de un programa penitenciario, primordial para, mínimamente, desintoxicar a los presidiarios y facilitar así su reinserción social, o al menos, cumplir con la mínima responsabilidad estatal de asistir a una persona enferma.
Además, la provincia no cuenta, en todo el territorio, con un solo centro estatal y gratuito de tratamiento para drogodependientes, los pocos hogares que hay, son en su mayoría ONGs, o instituciones religiosas, que basan su tratamiento en experiencias personales, o en la fe religiosa, en la fuerza de voluntad, pero no cuentan con un equipo interdisciplinario, ni con psiquiatras que puedan prescribir medicamentos que ayuden al adicto a atravesar la etapa del síndrome de abstinencia.
El caso de Marcos Aguirre, expuesto en este medio en una nota del mes de mayo, es un claro ejemplo de cómo el Estado tuvo ante sus ojos todo el proceso; desde que un preadolescente de 12 años comienza a robar para comprar droga, hasta el día que cumple los 18 años y es detenido enjuiciado, y se lo condena a una pena condicional, en libertad siempre que cumpla con un tratamiento de desintoxicación; ante la carencia de un centro gratuito en la provincia, y la negativa del Poder Judicial a hacerse cargo de los gastos de la institución privada, el resultado es que Aguirre está cumpliendo efectiva la pena que se le había impuesto, por no poder cumplir las condiciones para la libertad.
Mientras tanto, mientras no hay una respuesta institucional al problema, y se espera milagrosdamente que alguna ONG se digne a trabajar con internos, para aportar un abordaje no profesional, pero que al menos sea algo, la droga sigue entrando a las cárceles como siempre lo hizo, porque evidentemente adentro hay demanda.
