Luego de varias semanas de no poder ubicar a la denunciada, tiempo en el que fueron desistido del reclamo nada menos que 30 de los 42 trabajadores que comenzaron con la denuncia ante la Dirección Provincial del Trabajo, finalmente ayer se realizó por la mañana una audiencia conciliatoria entre la titular de la empresa contratista “Citrícola Concordia S. A”, Alejandra Alfonso y el representante legal de los 12 trabajadores del arándano, Cesar Bonato. La audiencia (instancia administrativa obligatoria previa al juicio laboral) fue a los términos del letrado “Satisfactoria; porque en estos casos es muy difícil probar los días que trabajaron ellos, ya que fueron tomados en negro, y trabajaron siempre en negro y al no haber cobrado nunca no figuran en ningún lado”. Pero la explotación, aunque difícil de probar, existió; la prueba es que para evitar la acción judicial la empresa ofreciera abonar el pago correspondiente a 4 días de trabajo, es decir el 50% de lo reclamado, pero además, con la ventaja de que ese aporte solo deberá hacerlo a los 12 trabajadores que continuaron con el reclamo.
Por donde se lo mire ¡una ganga! Para la patronal, pues cualquier empresa puede darse el lujo de explotar a 42 trabajadores durante 8 días y en el peor de los casos, de haber demanda, puede acordar en la conciliación, en las propias dependencias de la Dirección Provincial del Trabajo, abortar la acción judicial con el mero pago del 50% de las remuneraciones adeudadas, y solo a un reducido grupo de demandantes; los que por sus necesidades económicas, y el riesgo de no poder acreditar su denuncia en el juicio, aceptan la oferta sin mas reclamos.
Según precisó a este diario Cesar Bonato: “En primera instancia se presentaron bajo mi patrocinio 42 personas, de las cuales algunas han desistido en el reclamo ante la Dirección Provincial del Trabajo, quedando hasta esta instancia solo 12 de ellos” y describió que “los han hecho trabajar en la actividad del arándano por un periodo de 8 días, en el cual fueron tomados en negro y no les han pagado nada; ellos reconocen haber trabajado 4 días en un predio especifico y después trabajaron más días para la contratista, que es la señora Alejandra Alfonso”
En dialogo con DIARIOJUNIO una de las denunciantes que realizaba tareas de fichera, en la cuadrilla, Marta Rivero, agregó que: “Nosotros llevábamos un menor de edad a trabajar, habíamos sido contratados nosotros por el señor Ramón Zamora y la señora Alejandra Alfonso, él nos decía que lo lleváramos igual al chico, que tenía 15 años y sin permiso de los padres” señaló Rivero, en tanto otro cosechador, un joven de 19 años dijo: “él (por Zamora) nos amenazó que nos iba a meter presos a todos porque tenía abogados y sabía defenderse”
Según explica Bonato: “En la audiencia conciliatoria, llegamos a un acuerdo, porque el mayor problema que teníamos era la insuficiencia de pruebas, porque en casos como este es muy difícil probarlo porque están totalmente en negro, y cuando hay inspecciones los esconden” Asimismo, el representante legal de los explotados cosechadores afirmó que “cuando ellos comienzan a reclamar el pago los echan sin causa alguna”
Pero la instancia administrativa no fue inmediata: “no podíamos ubicar a la titular de la contratista, finalmente logramos localizarla y manifestamos que presentaríamos la denuncia ante todos los organismos y por todos los agravios sufridos, lo que hizo que la otra parte se sintiera presionada y ofrecieron un monto para acordar”
Si bien el abogado de los cosechadores prefirió reservarse el monto del acuerdo, una de las denunciantes manifestó a DIARIOJUNIO que la oferta fue del pago del 50% de lo que la contratista les adeudaba, es decir $400 para cada denunciante, beneficio que solo obtendrán los 12 que persistieron con el reclamo.
De esta forma, siempre con montos irrisorios y un total manoseo de los derechos del trabajador, es como las empresas tercerizadoras evitan los juicios laborales, y afianzan su impunidad para seguir explotando a los trabajadores.
