El texto, tomó estado parlamentario durante la semana pasada y fue girado a comisión, y obliga a las obras sociales y prepagas a cubrir las prácticas médicas de fertilización asistida y al Estado a garantizarlas para aquellos casos en los que los interesados no tengan cobertura social. Para ello exige tener dos años de residencia en Entre Ríos. Además, entre sus objetivos menciona la necesidad de “garantizar el mayor nivel de tratamiento médico asistencial integral dentro del ámbito de las parejas que padezcan esta patología, para la procreación de un hijo biológico”. Asimismo, se buscará “regular, controlar y supervisar los centros médicos que realicen tanto los diagnósticos y tratamientos de la infertilidad y los procedimientos de la fertilidad asistida”. Buenos Aires, Santa Cruz y Córdoba cuentan con la ley. Con la firma de los legisladores Darío Argaín (Frente Entrerriano Federal – Villaguay), José María Miser (Unión Cívica Radical – Paraná) y José Salim Jodor (Frente Entrerriano Federal – Gualeguay) ingresó en la sesión del miércoles en Diputados un proyecto de ley que propone el reconocimiento de la infertilidad humana como enfermedad, de acuerdo a los criterios internacionales sustentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La iniciativa establece también que estas prácticas sean reconocidas “por la cobertura médico asistencial integral” y define que la infertilidad “es la dificultad de una pareja de concebir un niño naturalmente o de llevar un embarazo a término, luego de un año de vida sexual activa”.
Asimismo, ordena “elaborar estadísticas para el conocimiento, estudio y seguimiento de esta problemática” como también “efectuar campañas de información y prevención en todo el ámbito del territorio provincial a fin de informar a la población de las posibles causas de esta enfermedad y los tratamientos existentes para lograr el embarazo y llevarlo a término”, según detalló Recintonet.
A su vez, impone “el desarrollo de centros de referencia de procreación humana asistida integral en efectores públicos para facilitar el acceso a la población de toda la provincia” y “capacitar a los Recursos Humanos para lograr su especialización, dentro y para los efectores públicos de salud”.
El artículo cuarto del proyecto que fue girado a la comisión de Salud Pública y de Legislación General, establece que “el Estado Provincial, a través de sus efectores públicos, deberá otorgar los citados tratamientos destinados a garantizar los derechos de los habitantes de Entre Ríos, con dos (2) años de residencia en la misma, a quienes carezcan de todo tipo de cobertura médico-asistencial integral en el sistema de seguridad social y medicina prepaga” mientras que en el quinto se incluye al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) entre las prestadoras del mismo modo que luego lo hace con prepagas.
Para llegar a esta iniciativa, en septiembre, diputados recibieron a la ONG Sumate a Dar Vida y a la doctora y ex ministra de Salud Graciela Degani.
Finalmente, el texto que se estudiará en comisión sugiere la creación de un Consejo Consultivo Médico de Fertilidad Asistida que dictará su propia reglamentación dentro de los 90 días de constituido, que incluirá la constitución de un Comité Asesor de Bioética transdisciplinario.
