Balza afirmó que el robo de bebés fue parte de un plan sistemático

Con la imagen y el sonido entrecortados, la videoconferencia comenzó pasadas las 10:30, cuando en los monitores de la Sala AMIA de Comodoro Py apareció el rostro de Balza desde Bogotá, con sus característicos lentes gruesos y cabello canoso.
Su testimonio tuvo sus puntos centrales en el robo de bebés en el Hospital Militar de Campo de Mayo y en un documento reservado, con la firma del comandante Cristino Nicolaides, que ordenaba la destrucción de toda la información relacionada a la llamada “lucha antisubversiva”.
Si bien Balza no fue testigo directo de los partos clandestinos, hechos que conoció a través de la lectura de los testimonios, y en todo momento recordó que no tuvo cargos operativos durante la última dictadura, las querellas consideraron muy valioso su testimonio sobre el funcionamiento de Campo de Mayo por su valor pericial.
“Por mi experiencia, creo que los partos clandestinos respondieron a una sistematización. Eran varias mujeres parturientas que entraban al Hospital de Campo de Mayo, ingresaban al departamento de Epidemiología, no había registro de las mujeres ni de los nacimientos. Una orden no tiene que estar escrita, puede tener la misma validez si es oral y, en mi opinión, normas de esa naturaleza no podían ser impartidas por autoridades bajas, debían provenir de una autoridad superior, sobre todo teniendo en cuenta la personalidad de las autoridades, que en 1978, cuando yo llegué a Campo de Mayo al Departamento de Enseñanza, eran (Santiago Omar) Riveros y (Antonio Domingo) Bussi”, señaló Balza.
El dato de la personalidad de Riveros y Bussi no pasó desapercibido y, ante la pregunta del abogado Alan Iud de Abuelas de Plaza de Mayo, el embajador explicó que ambos mantenían “un mando rígido, poco proclive a descentralizar”. “No creo que ningún subalterno se animara a cometer estos delitos sin el consentimiento de sus superiores”, agregó.
Balza también recordó el documento reservado que recibió en 1999, cuando ocupaba el cargo de jefe del Ejército. Con fecha del 22 de noviembre de 1983, apenas unos días antes de la asunción de Raúl Alfonsín, el fallecido Nicolaides ordenó a todas las zonas del Ejército a entregar la información relacionada con la “lucha contra la subversión” para su destrucción.
“Por mi experiencia en el Ejército, si se ordenó incinerar ese material es por un motivo, y no tengo dudas de que ese motivo era borrar la memoria histórica”, señaló.
El ex general dijo no tener “ninguna duda de que han existido listas” de personas desaparecidas y recordó que en el libro del ex dictador Reynaldo Bignone, este aseguraba que había existido un pacto entre las tres fuerzas para no entregar esas listas.
Durante las casi tres horas que duró su testimonio, el ex jefe del Ejército del menemismo mantuvo un tono pausado y tranquilo, que sólo se vio afectado por la última pregunta del fiscal Martín Niklison, quien le consultó si había sufrido represalias por sus posiciones públicas. “Pido disculpas al fiscal por la vehemencia de mi respuesta pero me ha hecho revivir hechos del pasado”, manifestó luego de recordar las amenazas a su esposa y a sus hijos: “Un general del Proceso, (Ramón Genaro) Díaz Bessone, me hizo expulsar del Círculo Militar con mentiras. Otro coronel, Pascual Guerrieri (jefe de la Quinta de Funes), quien fue compañero mío de promoción, amenazó en 2003 a mi hijo. Le dijo: ‘Te vamos a matar a vos, a tus hermanitas, a tus padres.’ Pero sólo fueron amenazas, en otro momento no eran sólo amenazas”, consigna Tiempo Argentino.