De este modo, las provincias percibirán $ 33 mil millones más que el año pasado. Asimismo, las administraciones se verán beneficiados por el incremento en los recursos percibidos por el Fondo Federal Solidario (FFS).
En agosto pasado, los giros correspondientes al FFS acumulan $ 5352 millones, un incremento del 13,9% respecto del mismo período del año anterior, equivalente a $ 650 millones de excedente. Sin embargo, también habría que computar lo que reciban en los cuatro meses que restan del año por el Fondo de la Soja, que en el peor de los casos rondará los $ 800 millones más en relación a los últimos cuatro meses de 2010, con lo que la Nación terminará enviando a las provincias a los $ 34.600 millones en 2011. En términos nominales, se trata del mayor envío desde la creación del FFS, según aclara el IARAF.
El FFS fue creado por decreto en marzo de 2009, con el objeto de financiar obras de infraestructura sanitaria, educativa, de vivienda y hospitalaria, quedando expresamente prohibido su utilización para financiar gastos corrientes. El Fondo se conforma a partir del 30% que el Estado Nacional percibe en concepto de derechos de exportación a la soja y sus derivados. Los altos precios de la soja, y la excelente campaña agrícola de 2011 se vieron reflejados en los envíos a las provincias.
“Las transferencias del FFS son de capital, es decir, no se trata de recursos de libre disponibilidad. Las provincias están obligadas a utilizarlas en obras públicas de infraestructura, lo que demuestra una sofisticación de las políticas públicas”, indicó a Tiempo Argentino Fabián de Achával, economista y jefe de asesores en la Subsecretaría de Programación, del Ministerio de Economía. “Viendo los datos de la actividad económica y de la industria se percibe que la economía no desacelera, sino todo lo contrario. Hay solidez fiscal, un crecimiento de 8,3% proyectado para este año y de 5,1% para el próximo, que no es poco en medio de la crisis internacional”, agregó.
Más allá del incremento en los giros nacionales, el informe elaborado por el IARAF destaca ciertas “inequidades” inherentes a la propia distribución legal vigente para el reparto de los distintos fondos que integran la masa coparticipable.
