Condena la Justicia al titular del Iosper por práctica desleal

El Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Seosper) había iniciado una demanda contra Moreyra tras la complicada elección interna en el sindicato para conformar una nueva mesa de conducción.
Una primera convocatoria a elecciones se realizó en noviembre de 2009, y entonces la actual titular del Seosper, Cristina Juri, compitió con Zunilda Romero. Pero el acto eleccionario fue suspendido por el Ministerio de Trabajo, que fijó una nueva fecha para octubre de 2010.
Entonces, Juri se enfrentó con otro candidato, Fabián Padilla, y volvió a imponerse, resultado que finalmente fue confirmado por el Ministerio de Trabajo. Pero en paralelo, el Seosper inició una demanda contra Moreyra, acusándolo de injerencias en el proceso de renovación de autoridades de la entidad sindical.

La causa, caratulada “Juri Cristina Beatriz Fátima c/Moreyra, Silvio Alejandro s/Sumario. Querella por práctica desleal”, se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 2, a cargo de Viviana Murawnik.
La magistrada no sólo dio cabida a la demanda por práctica desleal sino que también calificó como “muy grave” la injerencia del presidente del Iosper en la vida interna del Seosper, por cuanto así entorpeció el normal desarrollo del acto comicial.

En su resolución, la jueza Murawnik sostiene que el presidente del Iosper ha cometido “hechos que resultan repudiables a la luz de la Ley Nº 23.551”, normal que regula la vida de las asociaciones sindicales. Y agrega que “no quedan dudas que deberá responder personalmente por los mismos”, en razón de incurrir en el tipo jurídico penal del artículo 53º, inciso b), que reprime las prácticas desleales.
En su pronunciamiento, la magistrada sostiene: “El hecho de que el querellado haya manifestado públicamente su simpatía con una de las listas, incluso expresando a viva voz que si se la votaba habría un premio, es un accionar violatorio lógico de la puja propuesta por las partes a nivel colectivo e implica injerencia en la vida interna del sindicato, como acontece en autos, puesto que se ha demostrado la adopción de medidas negativas que implicaron claramente favorecer a alguna otra facción sindical o entorpecer el desarrollo de actividades propias de la organización gremial”.
El fallo reprocha la “antijuricidad” de los actos cometidos por la conducción del Iosper, y más adelante también da cuenta de “actos reprochables” por cuanto “ha vulnerado y conculcado principios rectores y básicos de la libertad sindical”.

Una vieja pelea
Silvio Moreyra y Cristina Juri mantienen una disputa de vieja data. Todo arrancó en 2007. Fue durante una manifestación sindical en repudio por la muerte del maestro Carlos Fuentealba. Juri y el Seosper decidieron sumarse a la marcha organizada en Paraná y, como consecuencia lógica, dejó su puesto de trabajo para salir a manifestarse a la calle.
Entonces Juri ocupaba el cargo de directora de Atención al Beneficiario del Iosper, pero luego de aquella manifestación sindical perdió ese puesto. Juri lo atribuye a una decisión expresa adoptada por Moreyra, como represalia por haber abandonado su función.
Juri presentó recursos administrativas, y, al final, llevó la pelea a la Justicia, y ahora está al aguardo de una resolución en el mismo juzgado que ahora le dio la razón en la demanda por práctica desleal. A su favor ya cuenta con un dictamen del secretario Legal y Técnico de la Gobernación, José Gervasio Laporte, del 4 de agosto de 2009.
En ese escrito, Laporte recordó que un decreto de 2008 obligó al Iosper a reconsiderar la sanción impuesta a Juri, y que esa directiva del Ejecutivo “debiera ser considerada como formulada dentro de las potestades de fijar directrices para el accionar de los distintos órganos que componen los cuadros de la Administración del Estado Provincial, del cual es el Jefe Supremo”.
El titular de Legal y Técnica habló de la “ilegitimidad” de la medida adoptada por el Iosper por cuanto la remoción de Juri de su cargo importó una merma salarial. Al haberla apartado de su función, señaló, se le aplicó una “sanción encubierta”.

Fuente: El Diario

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