En el comunicado de Cresto y Berterame se señala que la Delegación Argentina ha trabajado entiende como una cuestión elemental el resarcimiento a los propietarios ribereños, causado durante grandes crecidas. “Lo manifestado por la señora de Alba Posse obedece sin duda a la tan particular visión de su esposo sobre algunos temas puntuales que, de manera irresponsable han sido llevados a la prensa y a la justicia, sin ninguna investigación previa seria o basados en una presunta auditoría que muy lejos estuvo de serlo en sus formas y que respondió a intereses que prefiero no calificar ni comentar en la presente”, dice la nota.
Hoy fue hallado muerto el abogado Alejandro Zamora, ex titular de la Asociación de Ribereños del Río Uruguay. Alberto Gismondi periodista de Radio Chajari señaló que ayer Zamora hizo una nota en radio hablando sobre las denuncias realizadas por Fernando Alba Posse, quien detectó y denunció irregularidades en el pago de indemnizaciones a ribereños del Lago de Salto Grande por parte de la Comisión Técnica Mixta (CTM) que preside Juan Carlos Cresto -procesado en otra causa cuando era intendente de Concordia- y luego declaró que recibió «amenazas de muerte» por parte de los ribereños.
En la nota enviada por CTM se asegura que la investigación administrativa fue encomendada a dos abogados uruguayos y, culminado su trabajo, concluyó que “no se han encontrado hechos de corrupción ni que ameriten la sustanciación de sumario alguno y, consecuentemente, aplicación de sanciones a las personas relacionadas con las indemnizaciones a ribereños”. Las actuaciones han sido puestas a disposición del Juzgado Federal actuante, de las cuales le acompañamos copia.
Además, aseguraron que el desempeño de Alba Posse no resultó positivo para los trabajos que le correspondía realizar. “Su permanente vocación conflictiva llegó a poner en riesgo la relación con la gente de la región, además de no cumplir con el objeto para el que había sido contratado, que fue la constitución de la Servidumbre Administrativa de Ocupación Temporaria de Tierras por Aguas en la ribera del embalse, sino dedicar el tiempo por el cual se le pagaba a llevar adelante presuntas investigaciones que tenían por objeto, aparentemente, descubrir corruptos e impartir justicia”, se señala.
“Alba Posse cuya residencia es en la Ciudad de la Plata, muy lejos de la ribera, se negaba a trabajar en la zona del lago porque decía tener miedo a presuntas agresiones de los ribereños, es decir, se negaba a trabajar lisa y llanamente, ya que el trabajo de un agrimensor es fundamentalmente en el terreno y él no quería cumplirlo”, se expresa en otro párrafo.
Además, Cresto y Berterame adujeron que Alba Posse no fue despedido sino que su designación debía ser confirmada a los seis meses conforme a su desempeño. “Siendo las razones anteriormente expresados las que llevaron a tomar la decisión legalmente encuadrada, de no confirmar su designación, no de despedirlo. Todo ello por unanimidad”.
“El paso del señor Alba Posse por la Comisión, ha dejado a más de una familia en el estado que describe su esposa a su familia, cuyos nombres nos reservamos para no dañar personas irresponsablemente”, añadieron en la nota.
DENUNCIA
En una carta dirigida a la presidente Cristina Fernández, la esposa del agrimensor Alba Posse, Ana María Huergo de Alba Posse, cuenta que su marido recibió «amenazas de muerte, qu sufrió acoso laboral y que recibió amenaza de despido por parte del actual presidente de la delegación Argentina, Juan Carlos Cresto, ex intendente de Concordia.
Relató que en una reunión privada, Juan Carlos Cresto -actual presidente del organismo binacional nombrado tras un acuerdo político con el gobernador Sergio Urribarri-, amenazó a su esposo con echarlo si no se dejaba de «jorobar» y al poco tiempo lo despidieron sin causa. También contó que dos ribereños en la zona de Corrientes lo amenazaron de muerte. «Callate la boca o vas a terminar en una zanja», le dijeron.
