La Asignación Universal por Hijo (AUH) es la iniciativa más importante en materia de protección social de la Argentina de los últimos años”, según evaluó un trabajo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) sobre el impacto de la AUH a un año de su implementación. En el informe, difundido ayer, los autores Fabián Repetto y Gala Díaz Langou, exponen que el beneficio que alcanza a un total de 1.927.310 hogares y 3.684.441 titulares de derecho implica “una importante reducción en los índices de pobreza, indigencia y desigualdad de ingresos en el país”.
El trabajo refleja que en un año el alcance del programa se extendió de 2.680.000 a 3.680.000 beneficiarios, lo que significa un incremento del 37%.
Otro de los aspectos relevantes de la AUH es que dio lugar a la unificación y remplazo casi total de viejos programas, como el Plan Jefas y Jefes de Hogar, el Plan Familias, y el Seguro de Capacitación y Empleo. “Estos programas buscaban hacer frente a la pobreza en el corto y en el largo plazo, pero operaban separadamente, bajo distintos modelos de gestión, con diferentes concepciones de protección social”, explicaron.
El plan otorga 220 pesos por cada hijo a familias excluidas de la formalidad laboral (80% mes a mes y el acumulado restante sujeto a cumplir los requisitos). Para el investigador director del Programa de Protección Social del CIPPEC, el desafío del gobierno es “hacer de esto el piso y no el techo de la protección social”.
El trabajo concluye en que la Asignación “ha implicado un gran avance en términos de cobertura, no tanto en lo que se refiere al monto, sino especialmente debido al universo cubierto, aunque sigue habiendo aspectos a mejorar en la normativa para que la política sea realmente universal”. En ese sentido, señala seis recomendaciones, entre ellas, la “actualización del monto basado en la canasta básica”, “incorporar a grupos excluidos de las asignaciones familiares, a los niños que asisten a escuelas de gestión privada y revisar los criterios de inclusión de extranjeros”, y “promover mayor coordinación con políticas de empleo”.
