A partir de la intervención de la Justicia uruguaya, la Aduana argentina formalizó el reclamo correspondiente a través de la Cancillería, que envió al Cónsul de la jurisdicción al lugar para interceder ante la jueza.
El reclamo argentino se funda en que la jueza desconoció lo observado en el Acuerdo de Recife (MERCOSUR/CMC/DEC04/00) que taxativamente prevé «que la jurisdicción y competencia de los organismos y funcionarios del país limítrofe – en este caso la Argentina – se considerarán extendida a dicha área (ACI)”
La normativa especifica además que “el país sede se obliga a prestar su cooperación para el ejercicio pleno de todas las funciones antedichas y, en especial, al traslado de personas y bienes hasta el límite internacional, a los fines de su sometimiento a las leyes y a la jurisdicción de los tribunales del país limítrofe -Argentina- en cuanto correspondiere «.
Las detenciones fueron el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la Aduana argentina y la PSA, en el marco de actuaciones judiciales radicadas en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8 a cargo del Dr. Gustavo Meirovich.
Las autoridades argentinas destacaron la colaboración prestada por el Director de la Aduana del Uruguay y su personal como así también por la Prefectura de ese país sede del ACI Gualeguaychú-Fray Bentos.
