A Demonte, quien fuera que reportaban al Batallón 601, se lo imputa como responsable del secuestro, privación ilegítima de la libertad y desaparición de Victorio Coco Erbetta y Pedro Miguel Sobko, hechos perpetrados en 1976 y 1977, respectivamente.
El represor llegó poco antes de las 9 al Juzgado de calle 25 de Mayo para ampliar su indagatoria, en lo que representa una de las últimas actuaciones de cara al cierre de la etapa de Instrucción, fijado para la tercera semana de abril.
Lo que Demonte buscaría con su declaración es refutar los hechos que se le incriminan, puesto que el relato de testigos lo ubican como autor de los disparos y el secuestro de Sobko, delito cometido a las 11 del 2 de mayo de 1977 en avenida Ramírez, en cercanías del colegio Don Bosco; y el secuestro de Erbetta en la Facultad de Ingeniería de la UCA (actual Ciencias Económicas de la UNER), hecho perpetrado el 6 de agosto de 1976.
Según se expresó a UNO, tanto la Agrupación Hijos Paraná como familiares de Sobko y Erbetta continúan pidiéndole a Demonte que de indicios claros del destino de ambas víctimas del Terrorismo de Estado, puesto que a más de tres décadas de sus desaparciciones sus cuerpos aún no han sido hallados.
Los crímenes y su actividad post dictadura
Demonte fue reconocido por testigos cuando en horas de la noche del 16 de agosto de 1976 secuestró en la Facultad de Ingeniería de la UCA (hoy Facultad de Ciencias Económicas de la UNER) a Victorio José Ramón Erbetta, quien por entonces tenía 27 años.
Coco, tal su apodo, fue visto y escuchado por compañeros detenidos en el Centro Clandestino de Detención y Tortura que funcionó en el Batallón de Comunicaciones hasta el 23 de agosto, cuando se realizó un simulacro de fuga.
Además, el 2 de mayo de 1977, testigos observaron que Pedro Miguel Sobko escapó del baúl de un vehículo para cruzar corriendo avenida Ramírez. Detrás de el intentó atraparlo un hombre, que sería Demonte, quien lo fusiló con una pistola y lo cargó, ensangretado, al interior del coche del que la víctima había huído.
Posteriormente, habría sido llevado al hospital Militar, último lugar en el que habría sido visto Sobko.
Vale señalar que en las actuaciones que lleva adelante el juez subrogante Gustavo Zonis, existe constancia de que Demonte, conocido como el “fusilador de avenida Ramírez”, se desempeñó en la empresa Phoenix de la capital entrerriana como vigilador “sin armas”.
Su credencial habilitante tenía fecha de emisión el 20 de marzo de 2010 –pocos días antes de ser detenido, el 18 de abril– y vencimiento el mismo día de 2011; y estaba firmada por el comisario general Carlos Alberto Schmunk, director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos.
En esa credencial, curiosamente, el hombre figura con apellidos “Demonte Cosme” y como nombres “Ignacio Mario”, cuando en realidad sus nombres son Cosme Ignacio Marino. Pero su número de documento no deja lugar a dudas: 10.190.883.
Demonte fue mano de obra desocupada de la represión ilegal con el advenimiento de la democracia, pero pudo reciclarse dedicándose a la seguridad privada y hasta gozar del buen concepto de sus vecinos del barrio ATM.
El informe de antecedentes elaborado por la Delegación Paraná de la Policía Federal, sólo 10 días después de su detención, indicó que su “profesión” era la de “jubilado”. Nada decía del trabajo de agente de seguridad privada. El informante fue uno de sus hijos.
Además, destacó que a los habitantes del barrio ATM este jubilado de 58 años les merecía “muy buen concepto, no se lo ve alcoholizado, no es pendenciero, tiene buen trato con los vecinos”.
Más allá de su «nueva vida», Demonte fue detenido por orden del juez Zonis, quien le dictó la prisión preventiva, que cumple en la cárcel de Paraná, y le trabó embargo por 300.000 pesos por considerarlo “prima facie autor penalmente responsable, en calidad de coautor, del delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por la especial calidad de funcionario público, mediante el uso de violencia y amenazas en concurso real” en dos hechos: las desapariciones de Sobko y Erbetta.