La iniciativa ciudadana, que se introdujo en la reforma constitucional nacional en 1994 se integró luego al texto provincial en 2008.Por ella, los ciudadanos mayores de 16 años están habilitados para proponer textos en cualquiera de las cámaras. Los legisladores están obligados a darle tratamiento en un período de sesiones. Para formalizar la presentación deben reunir el 2 por ciento del padrón electoral aunque en caso de que refiera a un tema local, el porcentaje a cumplir será sobre el departamento o localidad en cuestión.
En Diputados, por ejemplo, y con anterioridad a la reforma, funciona la Oficina de Sugerencias Ciudadanas a través de la cual se canalizan los proyectos de vecinos y organizaciones sociales. Esas propuestas se convierten en ley una vez que algún legislador pide su tratamiento en el recinto. Una de las normas aprobadas bajo esta mecánica es el de Adultos Mayores que fue impulsado por la asociación Juan carlos Esparza y tomado para su tratamiento por el diputado federal, Jorge Kerz.
La audiencia pública fue otra de las figuras que se incluyó en la Constitución a partir de 2008. Prevista en el artículo 51, tiene carácter consultivo y no es vinculante pero la autoridad deberá, bajo pena de nulidad del acto, explicitar en los fundamentos del mismo, de qué manera ha considerado las opiniones de la ciudadanía.
Otra de las figuras desaprovechadas fue la consulta popular, a través de la cual, la Legislatura podrá someter a consulta para su sanción, reforma a derogación un proyecto de ley que verse sobre asuntos de trascendencia para los intereses de la provincia, según expresa la Constitución en su artículo 50. Para participar en esta consulta es necesario ser mayor de 18 años, con dos de residencia en la provincia. El voto afirmativo del proyecto por la mayoría de los sufragantes, lo convertirá en ley y su promulgación será automática.
A diferencia de éstas, la revocatoria de mandato intentó utilizarse en Paraná sobre fines de 2010 para objetar el desempeño del intendente José Carlos Halle. Los jubilados y Pensionados de la Municipalidad de Paraná nucleados en la Mesa de Consenso de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos le reclamaron, por este instrumento, el blanqueo de los códigos que los activos perciben en negro. Aunque no tuvieron éxito, la norma exige reunir el 25 por ciento del padrón electoral del lugar en el que resida el funcionario cuestionado.
La revocatoria de mandato, que nunca se ha utilizado, excepto en un fallido intento de jubilados y pensionados que intentaron aplicarlo contra el intendente de Paraná, José Carlos Halle, por “excesivo porcentaje de pagos en negro” en los haberes, pero no lograron reunir las 30 mil firmas que exige la ley, es una de las posibilidades de protesta directa. Aunque, cierto es también, que las exigencias para avanzar contra los mandantes limitan en modo sustancial la aplicación de esta herramienta. Entre ellas está reunir el 25 por ciento del padrón electoral del lugar en el que resida el funcionario cuestionado.
También con rango constitucional pero sin reglamentar, está en la Constitución el acceso a la información pública y la acción por omisión de la que hizo uso el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Busti, al presentarse ante la justicia para que se reglamente la Ley de Conservación de Suelos. Lo hizo en carácter de presidente de la Cámara de Diputados ante el Juzgado Civil y Comercial del Poder Judicial y mediante una acción de inconstitucionalidad por omisión, a raíz – según dijo – de que el Ejecutivo provincial omitió en reiteradas oportunidades la reglamentación de esa norma.
Otras figuras como el presupuesto participativo y la acción directa para demandar ante el Superior Tribunal de Justicia la inconstitucionalidad de una norma general contraria a la Constitución., tampoco fueron utilizadas hasta ahora.
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