En su presentación, Bellocq sostenía que la ley “tiene por objeto controlar, limitar y decidir qué es lo que pueden o no ver los habitantes de la nación y que medios pueden mostrárselos” contraviniendo el artículo 32 de la Constitución nacional que dispone que el Congreso Nacional no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta.
El magistrado, en sus consideraciones, da por tierra al argumento del querellante, diciendo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sostiene en su artículo 3 inciso A “la promoción y garantía del libre ejercicio de toda persona a investigar, buscar, recibir, difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa”.
El fallo también rechaza el pedido por considerar que se encuentra basado en “una hipótesis”, una “disquisición personal escindida del plexo normativo en su totalidad”, y que por tanto que elude el espíritu de la ley.
“En armonía con la constitución nacional, el legislador garantiza el debate de ideas. No se advierte entonces prohibición alguna en la regulación de contenidos”, sostiene el fallo.
Al respecto, cabe recordar que existen en el país más de 30 juicios ordinarios que pretenden la inconstitucionalidad de la ley 26.522, demandas en donde se repitieron los mismos conceptos en un ejercicio de «cliché» jurídico que fue presentado en diferentes jurisdicciones federales.
En este caso, se trata del expediente N° 10.495, caratulado «Bellocq, Emilio c/PEN s/Acción Inconstitucionalidad» en el que se dictó sentencia en fecha 16 de diciembre de 2010, y se rechazó la pretensión del demandante.
Fuente: Télam
