Precisamente, la operatoria se acordó días atrás, luego de distintas tratativas entre el titular de la obra social del los jubilados en las localidades de la costa del Paraná, Carlos Alonso, y el titular de la AFIP, Daniel Tortore, junto a asesores de ambos organismos. En ese ámbito, ambos funcionarios coincidieron en poner en marcha estratégicas inspecciones sorpresivas a efectos de poner en evidencia y poder desterrar esas prácticas y a su vez detectar probables evasiones fiscales.
Posteriormente fue notificada y recibida con beneplácito por los centros de jubilados.
Alonso, indicó: “Venimos desde hace tiempo recibiendo reclamos y denuncias por esta situación, que lamentablemente, a pesar de que hemos podido modificar algunas conductas en tal sentido, aún siguen apareciendo y provocando un perjuicio a nuestros afiliados”.
Aseguró: “Es nuestra obligación preservar a nuestros abuelos y además el PAMI cumple expresamente en tiempo y forma con las obligaciones de pagos a sus prestadores, de manera que no hay ningún motivo válido para que este abuso se mantenga”, enfatizó.
Ante un sinnúmero de denuncias de los afiliados que alertaban sobre el cobro de un adicional por parte de prestadores, la obra social de los jubilados inició gestiones y exigió desde 2009 –a través de las vías institucionales–, el fin de esa práctica que viola lo establecido en los convenios, y a su vez pone en tela de juicio la ética de algunos profesionales que han instalado ese plus oneroso, aprovechando el estado de indefensión de los pacientes, justamente al estar en juego nada menos que la salud personal y familiar.
Incluso en su momento PAMI llegó a aplicar sanciones y suspender de sus registros a varios profesionales por tal motivo.
