Esa causa se convirtió en un símbolo de las dificultades que existen para investigar la corrupción del sistema político, y terminó con la prescripción, en lo que se le atribuía a Toloy responsabilidad directa.
Toloy había sido asesor de la Cámara de Senadores de la Provincia y luego designado juez por esta, compuesta en ese momento por algunos de los dirigentes políticos que luego se vieron rozados por el escándalo.
Ya jubilado, Toloy no dejó de reclamar un resarcimiento por el maltrato que recibió en aquellos días, mientras se sustanciaba el proceso en su contra. Aunque ya recibió dos reveses judiciales, insiste con su reclamo de indemnización por más de medio millón de pesos y ahora la decisión la tiene el Superior Tribunal de Justicia (STJ), según pudo determinar UNO.
En diciembre de 2009, la Sala II de la Cámara Civil y Comercial confirmó el fallo de primera instancia al rechazar la apelación de Toloy. Ante esto, el ex magistrado interpuso un recurso de inaplicabilidad de ley, que le fue concedido, y hoy el expediente está en manos de la Sala Civil y Comercial del STJ y se espera una definición para este mes.
El ex magistrado inició su demanda en mayo de 2005, ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 8, de Roberto Parajón. En aquel momento, a través de sus abogados Raúl Barrandeguy y Elvio Garzón, denunció haber sido sometido durante más de seis años a un “proceso destitutorio”, “notablemente injusto” y “singularmente nocivo para su crédito público”.
El 30 de agosto de 1991, a menos de dos meses de haber asumido en el Juzgado de Instrucción Nº 6, Toloy recibió del Tribunal de Cuentas fotocopias de documentos probatorios de la compra de gran volumen de cajas de alimentos, que se habría gestado desde la Dirección de Promoción y Acción Social del Ministerio de Bienestar Social, Cultura y Educación, y distribuido por medio de legisladores. A pesar de que había sido asesor de la Cámara de Senadores, aceptó la denuncia por supuesta Defraudación a la Administración Pública.
La causa culminó con la absolución de los imputados por prescripción, y eso le valió a Toloy un jurado de enjuiciamiento en su contra –por una denuncia del STJ– del cual salió absuelto luego de seis años de tramitación.
Tras ello, y en busca de una reparación de los daños que este juicio supuestamente le ocasionó, inició la demanda contra el Estado provincial.
El daño sufrido habría consistido en “el destrato que padeció (…) por parte de la prensa escrita, radial y televisiva, que le endilgó la responsabilidad por la prescripción operada en la investigación aludida”. Esto lo perturbaba “en la esfera emocional” y lo afectaba en “el crédito social como en su autoestima”.
Uno de los dirigentes justicialistas más cuestionados en ese momento fue el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Orlando Engelmann. Del proceso surgió un fallo adverso contra un funcionario de menor rango.
La indemnización reclamada ante el Juzgado de Parajón fue 520.000 pesos, debido a “la magnitud de la ofensa” y los sueldos que habría dejado de percibir su lo hubieran destituido, entre otros conceptos.
Parajón le rechazó la demanda, considerando que no había pruebas sobre la responsabilidad del Estado provincial en los daños señalados. Luego la Cámara ratificó esa decisión y desestimó el recurso interpuesto.
Toloy insistió ante el Superior Tribunal y su demanda desde el 23 de septiembre se encuentra a despacho de la Sala Civil y Comercial que integran Raúl Smaldone, Emilio Castrillón y Leonor Pañeda.
