“Los temores que abrigábamos con respecto a la privatización del juego, lamentablemente se vieron confirmados con el dictado del decreto”, consideraron los legisladores radicales para quienes “el Estado no debe alentar el juego, que es una actividad que se justifica sólo porque lo producido es destinado a la acción social de los entrerrianos”.
“El bloque de diputados de la UCR fue muy crítico del texto del artículo 3º, por cuestiones sustanciales que hacen a la propagación del juego en el territorio provincial y en todo el país”, señalaron. Además advirtieron que la privatización abre las puertas a grandes empresarios que obviamente tienen como norte el lucro, “sin que muchas veces les importen las consecuencias que las actividades que desarrollan tienen para la sociedad”, señalaron los legisladores
“La osadía del Poder Ejecutivo para dictar este decreto que privatiza el juego, llamado de paño en la provincia, no deja de sorprender puesto que dejó de lado el principio general sentado por el Código Civil que establece que las leyes rigen para el futuro, vale decir no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario”, indicaron.
Para ello se valió de la simple opinión de la Secretaría de Turismo, la cual entendió que la ley 9946 tiene que alcanzar a los anteriores emprendimientos y tener los mismos beneficios que los nuevos. De esa forma, el Estado brinda un tratamiento igualitario a aquellas inversiones que superando los niveles requeridos por la ley han impactado positivamente en el mercado local, regional y nacional.
“Con tan insólito criterio, el cual por inconsistente nos exime de comentarios, el Ejecutivo se permitió hacer una interpretación amplia de sus facultades, otorgando por decreto los beneficios que importan la declaración de interés turístico a un emprendimiento que no fue concebido inicialmente bajo ese régimen”, indicaron. Además señalaron el desvío de dineros que originariamente estaban destinados a la seguridad social para atender al fondo provincial de turismo.
Más adelante, manifestaron que el referido decreto avanzó más aún y derogó el decreto por el cual se limitan los alcances de otro decreto que establecía que la forma indirecta de ejecución de la explotación y administración del juego admitida en esta última norma, se aplica sólo al caso de contrataciones de máquinas tragamonedas en el marco de proyectos integrales de emprendimientos turísticos. “Con la derogación, entonces, de este decreto quedó totalmente demostrado el propósito de entregar el juego de paño a los actuales explotadores de las máquinas tragamonedas ubicadas en el Casino de Victoria”.
“Por añadidura, existen fundados temores acerca de la continuación de este criterio privatista del juego en otras localidades, concretamente en Concepción del Uruguay, donde un grupo empresario ha avanzado notablemente en su pretensión de convertir al edificio del Mercado Municipal 3 de Febrero, un valioso exponente de nuestro patrimonio histórico y arquitectónico, en un infame ‘casino electrónico’, por añadidura a pocas cuadras del casino que explota el IAFAS, que en nada contribuirá al desarrollo del turismo, y en mucho a vaciar los bolsillos de los trabajadores y a engrosar las arcas de empresarios foráneos ávidos de lucrar a costa de bienes públicos”, denuncian.
