Así, prohíbe la aplicación aérea de productos, químicos o biológicos, destinados al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado así como su dosis.
Además, la aplicación terrestre deberá hacerse dentro de un radio de 1.000 metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas en todo el territorio provincial.
Consultado sobre el proyecto en cuestión, su autor Héctor De la Fuente, diputado del Encuentro por la Democracia y la Equidad (EDE), dijo que la idea se fundamenta en “consideraciones acerca del actual modelo productivo agrario, el que se sustenta en la producción agro-industrial de granos de generación biotecnológica o transgénicos u organismos genéticamente manipulados (OGM), lo cual conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas que estarían afectando seriamente la salud de la población”.
Tomó como referencia los estudios realizados por el investigador del Conicet y jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, Andrés Carrasco, quien concluyó que las «concentraciones ínfimas de glifosato» utilizadas en la agricultura «son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión» hasta interferir en los mecanismos normales del desarrollo.
Además, sostuvo De la Fuente, hay que tener en cuenta el principio precautorio de la Ley General del Ambiente, que indica : “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
